El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0563 de 2026, mediante el cual establece un nuevo modelo de protección para los expresidentes de Colombia. La medida, firmada por el presidente Gustavo Petro, introduce criterios unificados para la asignación de esquemas de seguridad y modifica las condiciones bajo las cuales han operado algunos dispositivos especiales de protección.
Uno de los casos que más atención ha generado es el del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien durante varios años contó con uno de los esquemas de seguridad más amplios del país. En su momento de mayor cobertura, el dispositivo estuvo integrado por cerca de 330 personas entre escoltas, policías y miembros de las Fuerzas Militares, además de vigilancia en algunas de sus propiedades.
Según registros oficiales citados en el debate público, el costo anual de ese esquema superó los 15.000 millones de pesos. Aunque durante el gobierno de Juan Manuel Santos la protección fue reducida tras evaluaciones de riesgo, posteriormente volvió a fortalecerse durante la administración de Iván Duque.
El Ejecutivo sostiene que el nuevo modelo busca garantizar condiciones homogéneas para todos los expresidentes y optimizar el uso de los recursos públicos mediante una coordinación interinstitucional. La medida forma parte de una estrategia orientada a eliminar diferencias en los niveles de protección asignados a exjefes de Estado.
La decisión ha generado reacciones divididas. Mientras algunos sectores consideran que representa una racionalización necesaria del gasto público, otros advierten que podría incrementar la vulnerabilidad de Álvaro Uribe en un contexto de amenazas persistentes y alta polarización política.
