La evaluación permite definir que se necesitan políticas públicas que garanticen este derecho a las mujeres en las regiones.

Un estudio de las regiones en Colombia sobre los alcances de la interrupción voluntaria del embarazo, (IVE) evidenció que siguen las barreras en la atención de las mujeres que por derecho les tendría que garantizar la atención médica para estos procedimientos.

La investigación realizada por Profamilia y Ríos Rivers en siete regiones del país mostró las dificultades en materia de información e infraestructura y talento humano médico que tienen las mujeres que toman esta decisión.

“Llevamos un año de hacer un proceso de analizar qué es lo que les falta a los territorio para poder garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo desde un nivel local y por eso se adelantó este estudio en el que hemos encontrado que aunque tenemos un marco legal que es positivo y que ha permitido la despenalización del aborto hasta la semana 24 y luego de eso por causales", dijo la directora de Incidencia de Profamilia, Diana Moreno.

Indicó además que, "en la práctica subsisten muchos retos para que logremos una implementación verdadera en los territorios, al tener poca información disponible para las mujeres en las regiones porque no saben a dónde ir, no saben que es legal, y vemos dificultades en la formación del personal en salud”.

Agregó que hace falta una mayor capacitación del talento humano en salud en torno a las nuevas tecnologías que se han desarrollado para estos procedimientos.

“Tenemos dificultades en la formación del personal, no todos conocen de qué manera se hacen las técnicas modernas y seguras para acceder al aborto y también tenemos una dificultad de los datos, porque no se sabe en el país donde invertir dinero y desde una visión de política y salud pública realmente garantizar que se preste este servicio”, subrayó.

La representante de Profamilia dijo que con este estudio se puede ver que en Colombia se tiene una gran desigualdad en el sistema de salud.

“La única manera en la que podemos disminuir esa brecha es cuando hacemos inversión en el sector salud y en la salud sexual y reproductiva, al final de la atención al aborto es uno de los servicios de atención materno perinatal y debe estar incluida dentro de los servicios en esa ruta como la atención anticoncepción, al parto y al cuidado de los neonatos, por lo que se debe trabajar en política pública, desde los territorios, las alcaldías y las secretarias de la mujer”, explicó.

Moreno fue enfática en asegurar que pese a las barreras que se siguen presentando en la atención de la interrupción voluntaria del embarazo es importante señalar que cada día son más las mujeres que acuden a los canales seguros a realizarse estos procedimientos.

“Desde el año 2022, cuando la Corte constitucional flexibilizó la normatividad de aborto en el país, se evidenció que hay un aumento en el acceso en Profamilia después de la sentencia en el 2023 se logró un acceso de un 73% mayor a lo que se venía danto con anterioridad, esto no significa que hoy se tengan más mujeres abortando de lo que se hacía antes sino que lo están haciendo dentro del sistema de salud de una forma segura. Pero estos mismos datos nos indican que en los territorios más alejados donde no hay presencia de Profamilia u otros actores privados esta atención disminuye”, recalcó.

Destacó que también hace falta un sistema de información que permita hacer un seguimiento más estricto a los procedimientos que se hacen en cada territorio, también se desconocen las técnicas y el nivel de seguridad.

La ginecóloga y directora del grupo médico por el derecho a  decidir, Laura Gil, afirmó que los resultados del diagnóstico del ecosistema de la prestación de servicios en Colombia, en diferentes regiones donde participamos en el informe de la ciudad de Bogotá donde detectamos también dificultades en la atención.

“Se encuentran barreras como el conocimiento y la agencia social que tiene cada persona para tomar sus decisiones y muchas veces las mujeres no saben que tienen el derecho o tienen un apoyo a su alrededor que les ayude encontrar la información correcta para llegar al lugar indicado a solicitar los servicios”, aclaró.

Sostuvo que en Bogotá se tienen los servicios muy fragmentados, donde cada EPS tiene su prestador de servicios muchos lo hacen en fundaciones privadas que tiene convenios con las EPS, sin embargo muchas mujeres deben desplazarse muy lejos de su vivienda para los procedimientos cuando el servicio se debería prestar en el nivel primario en su misma comunidad y localidad y esto no lo estamos viendo”, puntualizó. 

Fuente: Sistema Integrado de Información