La gerente zonal de la Nueva EPS en C\u00f3rdoba, Lisseth Herlides Camargo Doria, podr\u00eda ser privada de la libertad tras una decisi\u00f3n judicial que la sanciona por incumplir una orden de tutela relacionada con la atenci\u00f3n de una paciente con una enfermedad degenerativa.<\/p>\n\n\n\n
El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Planeta Rica impuso diez d\u00edas de arresto y una multa equivalente a cinco salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, luego de establecer que la EPS no acat\u00f3 la realizaci\u00f3n de una junta m\u00e9dica ordenada hace m\u00e1s de un a\u00f1o. La decisi\u00f3n, emitida el 12 de diciembre de 2025, fue ratificada siete d\u00edas despu\u00e9s por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito del mismo municipio.<\/p>\n\n\n\n
La medida ya fue notificada al Comandante de la Polic\u00eda Metropolitana San Jer\u00f3nimo de Monter\u00eda, autoridad encargada de hacer efectiva la sanci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El desacato est\u00e1 vinculado al caso de Sulma Josefina Priolo Ramos, paciente con gonartrosis, una patolog\u00eda degenerativa que compromete las articulaciones y genera dolor severo, inflamaci\u00f3n y una marcada limitaci\u00f3n de la movilidad. Un fallo de tutela del 8 de octubre de 2025 orden\u00f3 garantizar su atenci\u00f3n integral, incluyendo la valoraci\u00f3n por un equipo interdisciplinario para definir la necesidad de una intervenci\u00f3n quir\u00fargica.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con familiares de la paciente, la EPS habr\u00eda prolongado el proceso con tr\u00e1mites y demoras, pese a la orden judicial que proteg\u00eda su derecho fundamental a la salud.<\/p>\n\n\n\n
El caso vuelve a poner en el centro del debate el cumplimiento de las tutelas en el sistema de salud y las consecuencias legales para los funcionarios que desatienden decisiones judiciales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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