Comunidades campesinas del territorio denunciaron públicamente la ocupación irregular del predio Villa Leticia (conocido como el Arbolito) de carácter público, situación que estaría siendo protagonizada por el señor Cristóbal Segundo Triana, pese a que sobre el terreno existen anotaciones y actuaciones administrativas que ratifican su destinación para procesos de acceso a tierra de asociaciones campesinas.
De acuerdo con la información que reposa en el Certificado de Tradición y Libertad, el predio figura con anotaciones que confirman su naturaleza pública y la existencia de trámites administrativos ante la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su ocupación por parte de una asociación campesina, en el marco de la implementación de la Reforma Agraria y del Acuerdo de Paz.
Las comunidades recuerdan que el 7 de mayo de 2024 se adelantó un procedimiento de desalojo, en el cual los ocupantes entregaron el predio y solicitaron que se permitiera al señor Cristóbal Segundo Triana permanecer temporalmente en el lugar; sin embargo, denuncian que dicha situación se ha convertido en una ocupación de facto, contrariando las directrices institucionales y obstaculizando el acceso legítimo de las familias campesinas a la tierra.
“Exigimos el desalojo inmediato del predio por parte de los ocupantes irregulares. Mientras el campesinado espera una respuesta efectiva del Estado, persiste un escenario de incertidumbre, presión y riesgo para quienes defienden la función social de la tierra”, señalaron voceros de la Asociación Campesina.
Las organizaciones sociales advierten que la falta de una actuación oportuna por parte de las autoridades competentes no solo vulnera los derechos de las comunidades rurales, sino que también debilita la credibilidad de la política de Reforma Agraria y envía un mensaje de tolerancia frente a la ocupación indebida de bienes públicos.
Asimismo, las comunidades alertan que estas directrices no se han cumplido plenamente y que persiste la ocupación por parte de intereses privados, generando presiones, temor y obstáculos para que una asociación campesina firmante del Acuerdo de Paz —que ya inició un proceso formal ante la SAE, tal como consta en el Certificado de Tradición y Libertad— pueda ejercer su derecho a trabajar la tierra y ocupar el predio conforme a la ley.
En ese sentido, las organizaciones hicieron un llamado a la Presidenta de la Sociedad de Activos Especiales, al presidente Gustavo Petro, a la Procuraduría Agraria y de los Acuerdos de Paz y a la Defensoría del Pueblo, para que se garantice el cumplimiento de las decisiones administrativas, la protección de las comunidades y la destinación efectiva del predio a la Reforma Agraria, como corresponde a los bienes de la Nación.
Finalmente, reiteraron que defender el territorio es defender la vida, el río Sinú y el derecho del campesinado a sembrar futuro, y exigieron que no se normalicen prácticas que favorecen la concentración y el uso indebido de la tierra pública.
