El Gobierno del presidente Gustavo Petro oficializó la eliminación de la prima especial de servicios que durante más de una década incrementó de forma significativa los ingresos de los congresistas en Colombia. La decisión quedó consignada en un decreto expedido el pasado 19 de enero por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el cual se derogó la norma vigente desde 2013.
Este beneficio, que representaba un ingreso mensual adicional de $16’914.540, había sido creado durante la administración de Juan Manuel Santos como un mecanismo para reemplazar otras primas asociadas a salud, localización y vivienda. Con su eliminación, el Ejecutivo busca reducir los altos salarios del Legislativo y alinearlos con la realidad económica del país.
De acuerdo con el decreto, la medida aplicará únicamente para los congresistas que resulten elegidos en las elecciones de marzo y que iniciarán su periodo constitucional el 20 de julio de 2026. El documento argumenta que los ingresos actuales de senadores y representantes “resultan desproporcionados” en comparación con el promedio salarial de los ciudadanos.
Con este ajuste, la remuneración de los legisladores quedará conformada solo por el salario básico, fijado en $12’455.244, y los gastos de representación, que ascienden a $22’142.662. En la práctica, el ingreso mensual pasará de cerca de $52 millones a aproximadamente $35,7 millones.
La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, celebró la decisión y aseguró que es el resultado de años de presión ciudadana y de las banderas impulsadas desde la Consulta Anticorrupción. No obstante, el debate público continúa abierto sobre si este recorte será suficiente para recuperar la confianza de la ciudadanía en un Congreso frecuentemente cuestionado por sus privilegios y altos costos.
