El Concejo de Montería realizó este lunes 16 de febrero una sesión a puerta cerrada en medio de la emergencia que atraviesa la ciudad por las recientes inundaciones, una decisión que ha generado cuestionamientos y malestar entre distintos sectores ciudadanos.
La reunión se llevó a cabo sin acceso al público, incluyendo a personas afectadas por el fenómeno natural que en las últimas semanas ha dejado cientos de familias con pérdidas materiales y en situación de vulnerabilidad. La medida fue interpretada por algunos líderes comunitarios como una falta de transparencia en un momento crítico para la capital cordobesa.
El debate se da en el contexto del proyecto que buscaba otorgar mayor flexibilidad presupuestal a la administración municipal para agilizar la atención a los damnificados. En la Comisión de Presupuesto, cuatro concejales votaron en contra de la iniciativa: Trino Hoyos, Emery Hernández, Juan Vargas y Anyi Pacheco, según registros conocidos públicamente.
La propuesta pretendía facilitar el traslado de recursos durante el período de calamidad pública con el fin de destinarlos de manera más expedita a ayudas humanitarias, como alimentación, alojamiento temporal y atención básica para las familias afectadas.
Aunque la votación negativa de estos cuatro cabildantes fue determinante en esa instancia, en redes sociales también se ha señalado que otros miembros del Concejo habrían incidido en que el proyecto no avanzara. Hasta el momento, no se han emitido pronunciamientos oficiales detallando las razones de la sesión reservada ni explicando la postura frente a la iniciativa.
Por su parte la lideresa Yalenis Mazón y una representación masiva de líderes de diferentes sectores de la ciudad se mantuvo al frente de las comunidades desde la madrugada de hoy, convocando a una marcha pacífica para el próximo 1 de marzo ante la negativa del Concejo municipal de no permitir participar al pueblo de la cesión y no dar una explicación pública sobre esta situación.
