Cuando se desplazaba por la vía a Arboletes, la Policía capturó en un puesto de control en el sector de Los Cedros, al cabecilla y uno de los hombres más buscados del Clan del Golfo conocido con el alias de El Bula, hombre de confianza de alias Chirimoya, quien hace parte del nivel central de esa organización criminal. Ambos son oriundos de Ayapel.

 

A este sujeto un juez le dio detención domiciliaria y se fugó.

 

Así se registró en el 2016 la captura de alias El Bula. Cuando se preparaba para asistir a una junta de varios cabecillas de finanzas de su organización, los policías de la Dirección.

 

Antinarcóticos apresaron a uno de los principales auspiciadores de “los Urabeños”, la banda criminal más peligrosa del país.

 

Se trata de Fredy José Rivera Cochero, de 34 años y apodado El Bula, quien figura en el cartel de los más buscados de ese grupo, también conocido como Clan del Golfo o “Autodefensas Gaitanistas”.

 

De acuerdo con fuentes judiciales, el susodicho fue detenido el pasado viernes 22 de julio, cuando salía solo de un hotel ubicado en el Parque de Berrío, en pleno centro de Medellín.

 

Según las pesquisas de los investigadores, El Bula se encontraba en la metrópoli antioqueña preparando una reunión que se realizaría el sábado en una finca del municipio de Sabaneta, en la cual participarían otros jefes de finanzas y contadores de la facción. La idea era, presuntamente, concretar un inventario de los ingresos y egresos de los negocios ilegales, para presentárselos a su jefe directo Uldar Cardona Rueda (“Pablito”), otro de los hombres más buscados por las autoridades. Este cabecilla, a su vez, rinde cuentas a Roberto Vargas Gutiérrez (“Marcos Gavilán”), el segundo jefe al mando de la banda.

 

Un informe de Inteligencia policial, conocido por ND-El Reportero Digital precisa que Rivera Cochero, oriundo de Ayapel (Córdoba), habría sido designado por “Pablito” como jefe de finanzas en el Nordeste antioqueño, “para el recaudo de las extorsiones a las principales sociedades mineras, del tráfico de estupefacientes y la explotación ilegal de minas” en esa región aurífera y localidades vecinas.

 

El documento señala que El Bula, presuntamente, ordenaba censos ilegales a las fincas de la zona, con el propósito de cobrar a sus propietarios un porcentaje por cada cabeza de ganado; también habría coordinado el cobro de extorsiones a sociedades mineras en los municipios de Barbosa, Buriticá, Zaragoza, Gómez Plata, Yalí, Vegachí, Segovia y Remedios.

 

Esta renta, que en algunos casos incluía el cobro de $150.000 millones a algunas empresas para “autorizarles” la explotación del mineral, le generaba ganancias mensuales que oscilaban entre los $700 millones y $1.000 millones, según la Dirección Antinarcóticos.

 

Entre las sociedades mineras perjudicadas están Gran Colombia Gold y Damasa, “propietaria de la mina El Silencio, la más grande de Colombia”, prosigue el informe, añadiendo que “los Urabeños” tenían un escuadrón armado para amenazar a los empleados y ejecutivos de estas firmas.

 

Por estas situaciones, la Policía considera a “Bula” como “el integrante que más dividendos reportaba a la organización por actividades distintas al narcotráfico”.