El ministro y vocero de la Presidencia, Alfonso Prada, aseguró que el Gobierno respeta la decisión tomada por la Fiscalía de negar la solicitud de levantar las órdenes de captura contra 16 paramilitares del Clan del Golfo y de Sierra Nevada, quienes serían voceros en la paz total.

Según el ministro del Interior, la ley 2272 facultó al presidente de la República para solicitar la suspensión de estas órdenes de captura.

Precisamente, para negar la petición del Gobierno, la Fiscalía también recordó que esas organizaciones delincuenciales no pueden ser reconocidas legalmente como actores políticos.

"En criterio de la Fiscalía General de la Nación, la ley 2272 de 2022 limita el margen del Gobierno nacional para reconocer estatus político a organizaciones criminales", puntualizó.

La Fiscalía envío varios oficios al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en los que le explican que "no existe marco normativo que precise los términos del sometimiento de Grupos Armados Organizados sin carácter político, ni de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto".

En consecuencia, la Fiscalía "no procederá a la suspensión de órdenes de captura de las personas reconocidas por el presidente de la República como miembros representantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidos como 'Clan del Golfo'".

Entre los cabecillas para los cuales el Gobierno pedía que se levantaran las órdenes de captura, aparece Jobanís de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, quien, tras la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, pasó a ser el máximo cabecilla del Clan del Golfo.

El ente acusador sustenta su decisión en la independencia judicial y los jueces de la República para pronunciarse frente a las solicitudes de suspensión de órdenes de captura.

Además, refuerza al asegurar que un fiscal no puede suspender las medidas penales que toman los diferentes jueces del país, pues si procede en ese sentido, "sería una limitación a los principios de separación de poderes y autonomía judicial".

Según la Fiscalía, los 16 jefes de esos grupos armados ilegales deben someterse a la justicia y seguirán con sus órdenes de captura activas.