El sector de las EPS del régimen subsidiado expresó su preocupación porque la Unidad de Pago por Capitación es insuficiente.
La directora ejecutiva de Gestarsalud, Carmen Eugenia Dávila, afirmó que los efectos de una desfinanciación progresiva y multifactorial puede afectar directamente la garantía de los servicios de la salud sobre los ciudadanos.
La ejecutiva confirmó que la realidad financiera de las EPS es crítica y el riesgo es real para todos los actores, en especial si el Gobierno Nacional no tiene en cuenta que la Unidad de Pago por Capitación es insuficiente porque no se están reconociendo los presupuestos para servicios y medicamentos que no se financian con los recursos de la UPC.
“Hablar de $1,5 billones faltantes este año solo para cubrir el aseguramiento en salud debe ser un campanazo para todos y prender todas las alarmas. Este debe ser el primer tema urgente a atender”, indicó.
Afirmó que otras de las preocupaciones están enfocadas en los recursos asignados para financiar las atenciones en salud que gestionan las EPS por fuera de la UPC, pero se pagan con recursos de la ADRES.
“Por este concepto aún existen recursos por reconocer de 2020 y 2021 y no se han asignado los necesarios para cubrir 2023. El cierre del 2022 fue muy difícil, varias EPS no lograron el equilibrio en sus estados de resultados”, manifestó.
Dijo que en el marco de este proceso del actual gobierno es evidente que el incremento en las frecuencias de uso de servicios y medicamentos no se proyectó en la actualización del Plan de Beneficios del 2022 ni se tuvo en cuenta el mayor uso después de la pandemia.
“La siniestralidad, por otra parte, ha crecido en las EPS y en varias supera el 100 por ciento. En medio de este contexto, las EPS deben cumplir con las condiciones financieras aprobadas en 2014 y que tenían un periodo de transición para el cumplimiento de hasta 10 años. Estas condiciones requerían un incremento del patrimonio con capitalización”, manifestó.
Apuntó que se está obligando la transformación de las EPS.
“En el marco de este proceso las EPS con vocación de afiliación del régimen subsidiado la regla de margen de solvencia o patrimonio adecuado y reservas técnicas se exigía por primera vez, lo cual implicaba un esfuerzo mayor, con grandes retos por la naturaleza jurídica de algunas entidades que las obligaba a transformarse”, subrayó.
“Incluso el fin del aseguramiento en salud, en medio de situaciones financieras que no son atribuibles a las EPS, obliga a revisar de manera urgente estas reglas, mientras se discute la reforma y se dan las definiciones de fondo”, sostuvo.
Dávila señaló que estas acciones se vienen desarrollando de forma simultánea sin que el Gobierno actúe de forma rápida para solucionar las dificultades del actual sistema de salud.
“Todos los fenómenos están ocurriendo casi en simultáneo y esto hace necesaria la revisión de la UPC durante la vigencia, para evitar daños irreparables a los afiliados y a las instituciones", dijo finalmente.
Fuente: Sistema Integrado de Información
