Entre las víctimas estarían comerciantes y propietarios de fincas de los municipios de
Montelíbano, Puerto Libertador y Buenavista (Córdoba).
El material probatorio recaudado por un fiscal Gaula de la Seccional Córdoba permitió que
un juez de control de garantías de Montería impusiera medida de aseguramiento en centro
carcelario a nueve personas, presuntamente responsables de los delitos de concierto para
delinquir con fines de extorsión. Cargos que no aceptaron los procesados.
Se trata de Édinson Manuel Mesa Avilez, alias El Viejo; Cleiber David Mestra Primienta, alias
Mateo; Érika María Vélez Zea, alias Juliana; Jhon Jairo Pantoja Guerra, alias Dairo; Orlando
Enrique Pérez Ochoa, alias Chinchín; Juan David Caldera, Víctor Manuel Villamizar
Hernández, alias El Boludo; Gloria Estella Hernández Argel, alias Doña Gloria y Jhon Arley
Argúmedo Lobo, alias David.
Los procesados ejercerían roles de observadores, taquilleros y cobradores de los dineros
ilegales. Otros, monitoreaban los movimientos de la fuerza pública y concretaban las acciones terroristas contra quienes se negaban a pagar las extorsiones que eran exigidas a nombre de la subestructura Rubén Darío Ávila del Clan del Golfo.
Los crímenes habrían sido cometidos entre marzo de 2024 y julio pasado. Entre las víctimas
estarían comerciantes, conductores y empleados de empresas públicas y privadas; además de propietarios de fincas ubicadas en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador,
San José de Uré, Buenavista y Planeta Rica (Córdoba).
La Fiscalía evidenció que las exigencias económicas rondarían los 2.200.000 millones de
pesos mensuales, en el caso de los comerciantes; y de 5.000.000 millones por cada uno de los vehículos que tenía una empresa de maquinaria amarilla.
