La Procuraduría General de la Nación ha avanzado significativamente en el proceso disciplinario contra Nicolás Fernando Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, al formularle un pliego de cargos por un presunto incremento injustificado de su patrimonio mientras se desempeñaba como diputado del departamento del Atlántico.
Esta decisión se produce en paralelo a la investigación penal que adelanta la Fiscalía por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Ambas indagaciones se enfocan en las transacciones financieras del exdiputado, las cuales, según los hallazgos, mostrarían inconsistencias con sus ingresos declarados durante su ejercicio como funcionario público.
La Procuraduría considera que existen fundamentos suficientes para iniciar un juicio disciplinario con el fin de determinar si Petro Burgos incurrió en faltas que comprometan la transparencia de su gestión. El organismo de control señala explícitamente que, en su rol de diputado, presentó un aumento patrimonial que carecería de justificación clara.
Los hallazgos preliminares apuntan a un presunto incremento de más de 1.189 millones de pesos. Dentro de esta suma, se destaca una cantidad de 400 millones de pesos que, según las propias declaraciones de Petro Burgos, le fueron entregados por Gabriel Hilsaca, hijo del empresario Alfonso «El Turco» Hilsaca, presuntamente destinados a la campaña presidencial de 2022.
