En un operativo coordinado entre el Ejército y la Policía Nacional, más de 260 uniformados llevaron a cabo una intervención en el municipio de Buriticá, donde se incautaron 14 inmuebles utilizados como túneles para la extracción ilegal de oro. Esta actividad, que generaba ingresos estimados en tres billones de pesos anuales, es considerada por las autoridades como un medio de financiamiento para estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El presidente Gustavo Petro destacó que su política de seguridad humana tiene como objetivo desmantelar las economías ilícitas que sostienen a los grupos armados, promoviendo su sustitución por actividades legales. Durante el anuncio, Petro informó que los túneles confiscados serán entregados a cooperativas de pequeños mineros, y el Estado se compromete a comprar el oro a precios que se aproximen al valor internacional, facilitando así la formalización del sector.
«Sin economía ilícita, deja de existir la mafia armada», afirmó el mandatario, subrayando que la meta de su administración es transformar la minería ilegal en una fuente legítima y controlada de ingresos para las comunidades locales.
