El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Procuraduría General de la Nación salieron en defensa del Pacto Histórico en el proceso que adelanta el Consejo de Estado, donde se analiza una demanda que busca suspender y eventualmente anular la personería jurídica de la coalición que agrupa a varios movimientos de izquierda.
En un documento de 12 páginas, el CNE solicitó a la Sección Quinta del alto tribunal mantener el reconocimiento legal del Pacto Histórico, otorgado parcialmente en septiembre. En esa decisión, el organismo permitió la unión del Partido Comunista, la Unión Patriótica y el Polo Democrático, pero dejó por fuera a Colombia Humana —liderado por el presidente Gustavo Petro— y a Progresistas, movimiento de la congresista María José Pizarro.
La exclusión de Colombia Humana obedeció a que su asamblea no aprobó por mayoría la integración al Pacto: de más de 114.000 afiliados, solo 1.280 participaron en la votación. En cuanto a Progresistas, el CNE explicó que no podía fusionarse en ese momento porque aún no contaba con personería jurídica, reconocimiento que llegó el pasado 22 de octubre.
La resolución aprobó la fusión de los partidos bajo la condición de que se resolvieran primero los procesos sancionatorios en curso contra algunos de ellos. Sin embargo, los abogados Samuel Ortiz Mancipe y Lucas Durán Hernández demandaron esa actuación, alegando que el CNE incurrió en una irregularidad al permitir una fusión condicionada, pese a que —según afirman— la ley prohíbe de manera “expresa y total” este tipo de procedimientos cuando hay sanciones pendientes.
“Autorizar la unión de colectividades con investigaciones abiertas podría significar un fraude a la ley”, sostuvieron los juristas en su demanda de nulidad, de 104 páginas, la cual fue admitida el 30 de octubre por el magistrado Luis Alberto Álvarez, integrante de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Los demandantes solicitaron además una medida cautelar para suspender temporalmente la personería jurídica del Pacto Histórico mientras se resuelve el caso de fondo. Ante esto, el CNE se opuso, argumentando que no se cumplen los requisitos legales para adoptar una decisión de esa magnitud.
“La parte demandante no logró demostrar la concurrencia de condiciones jurídicas y fácticas exigidas por el Código de Procedimiento Administrativo”, señaló la apoderada del CNE, Weendy Hernández, quien advirtió que una suspensión en esta etapa procesal “sería un golpe desproporcionado” para la coalición.
El Consejo de Estado deberá ahora decidir si mantiene la personería jurídica del Pacto Histórico o si acoge la solicitud de suspensión mientras se define la validez de la actuación del CNE.
