*FUERZA PÚBLICA INTENSIFICA OPERATIVOS CONTRA LA MINERÍA ILEGAL EN EL BAJO CAUCA-ANTIOQUEÑO Y CÓRDOBA*

Las autoridades colombianas mantienen firme la ofensiva para desmantelar la explotación ilegal de yacimientos mineros en el Bajo Cauca antioqueño y en el departamento de Córdoba, con el objetivo de frenar el deterioro ambiental y cortar las fuentes de financiamiento de grupos criminales en la región.

Unidades de la Décima Primera Brigada y de la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército Nacional, en trabajo conjunto con la Policía Nacional y la Fiscalía, ejecutaron una serie de operaciones simultáneas que permitieron ubicar e intervenir maquinaria y equipos empleados en estas actividades ilícitas. Según las autoridades, estos elementos eran clave para sostener las economías ilegales de organizaciones que operan en estas zonas del país.

En la vereda San Lorenzo, en jurisdicción de Cáceres (Antioquia), los uniformados inspeccionaron cuatro unidades de explotación, donde incautaron dos excavadoras, dos motores industriales, dos motobombas, dos clasificadoras, 300 metros de manguera y 380 galones de ACPM. De acuerdo con los investigadores, la maquinaria —avaluada en más de mil millones de pesos— permitía extraer cerca de 12.000 gramos de oro al mes, generando ganancias superiores a los cinco mil millones de pesos que terminaban alimentando las rentas criminales.

Otra operación se desplegó en el sector de Mandinga, también en Cáceres, donde fue intervenido un punto adicional de producción ilegal y neutralizadas dos retroexcavadoras utilizadas para la explotación del terreno.

En Puerto Libertador, Córdoba, específicamente en el corregimiento Villanueva, las autoridades intervinieron cinco unidades mineras más. Allí se llevó a cabo la destrucción controlada de una excavadora, dos motobombas, cuatro motores, tres clasificadoras, 600 metros de manguera y 450 galones de ACPM, bienes avaluados en más de 900 millones de pesos.

Según el Ejército, esta última operación golpea directamente las finanzas del Clan del Golfo, con una afectación estimada en más de cinco mil millones de pesos, correspondientes a la producción mensual que estas estructuras obtenían mediante la extracción ilegal de oro.

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