El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó de manera contundente el paro armado de 72 horas anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual comenzará este domingo 14 de diciembre, al considerar que la medida no constituye una protesta legítima y termina afectando directamente a la población civil.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario cuestionó el argumento del grupo insurgente, que justifica la acción como una respuesta a presuntas amenazas de intervención extranjera. Petro sostuvo que este tipo de acciones no representan una oposición real a actores externos, sino que profundizan la violencia en los territorios y benefician a economías ilegales. “No se protesta contra nadie asesinando campesinos ni restringiendo la libertad de la gente. Este paro armado no es contra Trump, es a favor de los intereses criminales que hoy los dirigen”, señaló el jefe de Estado.
El ELN explicó en un comunicado que la decisión obedece a lo que califica como un “plan neocolonial” promovido por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, el Gobierno colombiano desestimó esa versión y reiteró que este tipo de medidas generan temor, paralizan la movilidad y vulneran los derechos de comunidades enteras.
En respuesta al anuncio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que las autoridades activaron todos los dispositivos de seguridad y las capacidades operativas del Estado con el fin de garantizar la protección de la ciudadanía durante el periodo del paro armado.
Por su parte, el ELN aseguró que no ejecutará acciones directas contra la población civil, aunque pidió a los ciudadanos evitar desplazamientos por carreteras y ríos, así como no acercarse a integrantes de la Fuerza Pública para prevenir “incidentes”.
No es la primera vez que este grupo armado recurre a este tipo de acciones. En diciembre del año pasado, el ELN impuso un paro armado en zonas del Chocó, lo que derivó en confinamientos masivos y alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo. Aquella situación estuvo ligada a operaciones militares y a denuncias sobre la presencia de otros actores armados en la región.
El nuevo anuncio, de alcance nacional, vuelve a encender las alertas de las autoridades y organizaciones defensoras de derechos humanos, ante el impacto que estas medidas tienen sobre la vida cotidiana y la seguridad de miles de colombianos.
