Mientras el Gobierno Nacional hace su máximo esfuerzo para brindar las mejores oportunidades y ayudas a las comunidades en las regiones, penosos actos de anormalidad empañan la imagen de algunas entidades del estado que hacen muy bien la tarea.
A continuación damos a cononocer la denuncia de un contrato millonario suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Confederación Baluarte Campesino Colombia, por un valor superior a los 2.600 millones de pesos, se encuentra en el ojo del huracán debido a graves señalamientos de presunta corrupción. Las denuncias, interpuestas ante la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, sugieren que el proceso de adjudicación y ejecución del contrato, identificado con los códigos 23002482025 (Suministro Alimentos) y CO1.SLCNTR.14678370, estaría viciado desde su origen.
Las pesquisas preliminares apuntan a la supuesta elección irregular del planificador logístico del contrato, Francisco Rodríguez, y de la directora ejecutiva encargada del proyecto alimentario, Claudia Jiménez, actual precandidata a la Cámara de Representantes por Córdoba con el Pacto Histórico. Según los denunciantes, ambos habrían sido designados en una asamblea que, presuntamente, no cumplió con los requisitos legales y estatutarios exigidos a las federaciones campesinas habilitadas para contratar con el Estado colombiano.
La Confederación Baluarte Campesino, conformada por 286 asociaciones campesinas de las subregiones Alto, Bajo y Medio Sinú en Córdoba, habría sido seleccionada para la ejecución del contrato de suministro de alimentos y raciones para preparar. Sin embargo, las evidencias recabadas sugieren que la organización carecía de la infraestructura logística necesaria, específicamente una bodega de acopio adecuada en el municipio de Cereté, para el manejo óptimo de productos perecederos.
Como consecuencia de esta deficiencia, los alimentos habrían sido almacenados en la residencia particular de Francisco Rodríguez, en Cereté. Esta situación, según las denuncias, habría propiciado el deterioro de una parte significativa de los productos, incluyendo frutas y verduras que requerían refrigeración, los cuales habrían sido expuestos en condiciones inadecuadas en pisos y habitaciones. Posteriormente, estos alimentos en posible mal estado habrían sido distribuidos a los beneficiarios de los programas alimentarios del ICBF en los municipios de Planeta Rica, Cereté y San Pelayo.
Adicionalmente, se cuestiona el cumplimiento de la cláusula contractual que estipula que al menos el 30% de los productos para las raciones deben ser adquiridos a asociaciones campesinas locales. Las denuncias indican que esta disposición no se estaría respetando, optándose en su lugar por la compra de insumos a establecimientos como «Autoservicios la Granjita» en Buenavista y a la firma «Bioservicios Empresariales» en Montería. Se especula que esta última empresa estaría bajo la órbita de la directora ejecutiva del contrato, Claudia Jiménez.
El contrato, cuya vigencia se extiende de marzo a septiembre de 2025, está siendo objeto de escrutinio ante la aparente premura por asegurar la continuidad de los intereses económicos de los implicados. Los denunciantes advierten que ya existirían aspiraciones para la adjudicación de un nuevo contrato, sugiriendo que el objetivo sería la acumulación de capital para financiar la plataforma política de Claudia Jiménez, quien activamente estaría realizando campaña en municipios de Córdoba con asociaciones afines a la Confederación Baluarte Campesino.
Otro punto de grave preocupación es la presunta creación de «nóminas paralelas» o «corbatas invisibles», es decir, la inclusión de personal en la nómina del contrato que no ejercería funciones reales, con el fin de justificar gastos operacionales. En el caso de Claudia Jiménez, se señala la gravedad de percibir un sueldo millonario como directora ejecutiva, mientras se presume su vinculación o influencia en las empresas proveedoras de insumos para la misma confederación que representa.
En un intento por abordar las presuntas irregularidades, se habrían celebrado reuniones con el presidente de la Federación Baluarte Campesino, Manuel Polanco, y el tesorero, Dubier Suárez. En dichas citas se habrían suscrito actas con compromisos para mejorar la operatividad del contrato, pero, según los denunciantes, estos acuerdos habrían quedado en letra muerta. Las pruebas documentales y gráficas aportadas a los entes de control, que evidenciarían el estado de los alimentos y las presuntas anomalías, refuerzan las graves acusaciones de corrupción que empañan este contrato con el ICBF en Córdoba.
