COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Luis Fernando Ballesteros Meza
Cabeza de lista a la Cámara de Representantes – Pacto Histórico Córdoba
Como ciudadano, como hijo de una madre comunitaria y como cabeza de lista del Pacto Histórico en Córdoba, expreso mi solidaridad con las familias que hoy están siendo desalojadas en Montería, muchas de ellas víctimas del desplazamiento forzado proveniente del Urabá antioqueño y del sur de Córdoba, territorios históricamente golpeados por la violencia.
Este hecho no puede analizarse como un simple problema de “ocupación irregular”.
Montería es desde hace décadas epicentro del desplazamiento forzado, y una parte importante de su crecimiento urbano se ha dado mediante asentamientos informales que luego han sido formalizados. Así se ha construido gran parte de la ciudad.
Lo que hoy ocurre evidencia no solo la ausencia de políticas públicas serias frente al déficit de vivienda, sino también un modelo de ciudad excluyente, basado en la especulación inmobiliaria.
En Montería y en Córdoba, la tierra urbana ha quedado en manos de unos pocos poderosos que la urbanizan para venderla a precios inaccesibles para la mayoría.
Así se ha construido una ciudad para quien puede pagarla, mientras los pobres y los desplazados son expulsados hacia la informalidad.
Cuando el suelo y la vivienda se tratan como mercancía y no como un derecho, se produce esta contradicción:
se urbaniza la ciudad, pero se excluye a quienes más necesitan vivienda.
Por eso, criminalizar a las familias que buscan un lugar donde vivir es desconocer una realidad social creada por ese mismo modelo y constituye una vulneración de derechos humanos.
Hago un llamado a las autoridades municipales y departamentales para que:
1. Se suspendan los desalojos mientras no existan alternativas reales de reubicación digna.
2. Se active de manera inmediata una ruta humanitaria para las familias afectadas.
3. Se construya una política pública integral de vivienda popular, priorizando a víctimas del conflicto armado y población en extrema vulnerabilidad.
4. Se revise el modelo de ordenamiento urbano para garantizar acceso al suelo y a la vivienda a los sectores populares.
La vivienda no es un favor ni una concesión política:
es un derecho constitucional.
Una ciudad que se diseña para el negocio inmobiliario y no para la gente es una ciudad que reproduce la desigualdad.
Montería necesita dejar de administrar el problema y empezar a resolverlo con justicia social.
