El Ministerio de Educación dio a conocer un borrador de resolución en el que plantea las reglas para calcular el valor de matrículas, pensiones y cobros periódicos en los colegios privados a partir del 2026. El documento fue publicado para recibir observaciones de la ciudadanía.
Según la propuesta, el ajuste de tarifas dependerá del régimen en el que esté clasificada cada institución educativa y se fundamentará en varios factores: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con corte a agosto de 2025, el índice de permanencia escolar, la implementación de estrategias de inclusión para estudiantes con discapacidad y el reconocimiento a la labor docente, siempre que al menos el 80 % de los maestros reciban el salario fijado en las negociaciones del sector.
Los aumentos planteados quedarían de la siguiente manera:
Régimen de libertad regulada por certificación o acreditación de calidad: 1 % adicional por acreditación + IPC de agosto de 2025 + 0,3 % por inclusión educativa + 2,2 % por reconocimiento docente.
Régimen de libertad regulada por autoevaluación: 0,83 % de la clasificación en autoevaluación + IPC + 0,3 % por inclusión + 2,2 % por reconocimiento docente.
Régimen de libertad vigilada: 0,66 % de la clasificación en autoevaluación + IPC + 0,3 % por inclusión + 2,2 % por reconocimiento docente.
Régimen controlado: incremento definido por las secretarías de educación, compuesto por 0 % de autoevaluación + IPC + 0,3 % por inclusión + 2,2 % por reconocimiento docente.
El texto también aclara que los colegios podrán otorgar descuentos a los acudientes, siempre que estos queden reflejados en el manual de convivencia y en el contrato de matrícula.
De igual manera, se prohíbe a las instituciones restringir la compra de útiles escolares, uniformes o textos a determinados proveedores o marcas. La lista oficial de materiales deberá ser aprobada por el Consejo Directivo y publicada con anticipación para garantizar la libre elección de los padres de familia.
