Una demanda electoral en Córdoba pone bajo la lupa una curul de Cambio Radical y reabre el debate sobre la doble militancia
Una controversia política que comenzó con la aspiración de un influencer a ocupar una curul en la Asamblea de Córdoba terminó escalando hasta el Consejo de Estado y hoy amenaza con convertirse en uno de los casos electorales más relevantes surgidos tras las elecciones legislativas de 2026.
El centro de la discusión es una presunta infracción al régimen de doble militancia que involucra a Juan Gabriel García Ortega, conocido públicamente como “Pequeño Juan”, quien hizo parte de la lista cerrada de Cambio Radical para la Cámara de Representantes por Córdoba mientras, según los registros electorales, también figuraba en una lista cerrada del Nuevo Liberalismo para la Asamblea Departamental.
La polémica tomó fuerza cuando García Ortega intentó asumir una curul en la Asamblea tras la renuncia del diputado Gustavo Negrete. Como segundo en la lista del Nuevo Liberalismo, consideró que tenía derecho a reemplazarlo. Sin embargo, la posesión fue rechazada por la Mesa Directiva de la corporación, que argumentó que el dirigente había participado posteriormente en una candidatura al Congreso por otra colectividad política.
A partir de ese momento comenzaron a presentarse acciones judiciales que hoy buscan establecer si existió o no una vulneración a las normas de disciplina partidista contempladas en la legislación colombiana.
El efecto dominó que podría alcanzar una curul en el Congreso
Aunque el debate inicialmente parecía circunscrito a la situación particular de García Ortega, los demandantes sostienen que las consecuencias podrían extenderse mucho más allá.
La razón radica en que Cambio Radical participó en Córdoba mediante una lista cerrada y bloqueada para la Cámara de Representantes. Bajo esa figura electoral, los votos obtenidos favorecen a toda la lista y no exclusivamente a un candidato en particular.
Por esa razón, quienes impulsan las demandas consideran que, si la justicia llegara a determinar que uno de los integrantes de la lista no cumplía los requisitos legales para participar, podría abrirse una discusión jurídica sobre la validez de la elección obtenida por esa colectividad.
No obstante, expertos consultados en distintos escenarios jurídicos coinciden en que cualquier consecuencia sobre la curul dependerá exclusivamente de lo que determinen las autoridades judiciales tras analizar las pruebas y los argumentos de todas las partes involucradas.
El Consejo de Estado entra en escena
La controversia adquirió una nueva dimensión cuando el ciudadano Carlos Enrique Peña Pérez presentó una demanda para solicitar la nulidad de la elección del representante a la Cámara José Luis Abdalla Olivera, elegido por Cambio Radical para el período 2026-2030.
Sin embargo, lejos de pronunciarse sobre el fondo del asunto, el Consejo de Estado decidió primero garantizar el debido proceso.
La magistrada encargada del expediente ordenó a la Registraduría Nacional entregar la dirección física y electrónica registrada por el congresista durante su inscripción como candidato, luego de advertir que la demanda solo aportó correos institucionales que no cumplen con los requisitos para una notificación personal.
La decisión es estrictamente procedimental, pero resulta relevante porque marca el inicio formal del trámite que permitirá posteriormente estudiar la solicitud de suspensión provisional de la elección.
En otras palabras, el alto tribunal aún no ha evaluado si existen elementos suficientes para suspender la credencial del representante cordobés ni mucho menos ha emitido un juicio sobre la legalidad de su elección.
Entre la justicia y la disputa política
Más allá de los aspectos técnicos, este caso está mostrando las tensiones que suelen surgir cuando las disputas electorales llegan a los estrados judiciales.
Algunos de los demandantes han expresado públicamente inconformidades frente a decisiones adoptadas durante las etapas preliminares de varios procesos relacionados con este asunto, argumentando que ciertas actuaciones han impedido un análisis de fondo de las denuncias.
Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna decisión judicial definitiva que confirme las presuntas irregularidades denunciadas ni que determine responsabilidades individuales.
Lo que sí está claro es que el caso se ha convertido en una prueba importante para la interpretación de las normas sobre doble militancia en Colombia y para los alcances de la responsabilidad jurídica dentro de las listas cerradas.
Un proceso que apenas comienza
Por ahora, la representación de Cambio Radical en Córdoba permanece intacta y José Luis Abdalla Olivera continúa ejerciendo su curul en la Cámara de Representantes.
El expediente avanza en una etapa inicial y las autoridades judiciales deberán determinar si existen fundamentos para estudiar de fondo las acusaciones relacionadas con la participación de Juan Gabriel García Ortega en diferentes proyectos políticos.
Mientras tanto, la controversia mantiene la atención de dirigentes, juristas y ciudadanos cordobeses, no solo por el futuro de una curul en el Congreso, sino porque el desenlace podría sentar un precedente sobre la forma en que la justicia electoral interpreta los límites de la militancia partidista en el país.
