La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dará a conocer este martes la sentencia contra siete exmiembros del último secretariado de las antiguas Farc, quienes aceptaron su responsabilidad en más de 21.000 secuestros cometidos entre 1993 y 2016. Además, reconocieron no haber impedido abusos contra las víctimas, entre ellos homicidios, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos y violencia sexual.
Los exFarc que serán sentenciados:
Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’: último comandante de la guerrilla, ingresó en 1976. Dirigió el Bloque Magdalena Medio y encabezó la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
Pablo Catatumbo Torres Victoria: entró en 1972 y asumió la dirección de frentes en el Tolima, Cauca, Valle, Nariño y Chocó. Fue negociador en La Habana.
Pastor Lisandro Alape Lascarro: desde 1979 en las Farc, comandó el Bloque Magdalena Medio y más tarde el Noroccidental, con presencia en Antioquia, Córdoba y Chocó. También integró la mesa de diálogos de paz.
Milton de Jesús Toncel Redondo, alias ‘Joaquín Gómez’: entró en 1984 y durante más de dos décadas lideró el Bloque Sur en Caquetá, Putumayo y Amazonas. Fue miembro pleno del secretariado y negociador en La Habana.
Jaime Alberto Parra, alias ‘El médico’: se unió en 1978. Organizó redes urbanas y fue responsable de estructuras del Bloque Oriental, con presencia en varias regiones del oriente colombiano. Participó en la firma del Acuerdo Final.
Julián Gallo Cubillos, alias ‘Carlos Antonio Lozada’: se incorporó en 1978. En Bogotá coordinó reclutamiento y acciones urbanas. Desde 2010 fue miembro del secretariado y negociador de paz.
Rodrigo Granda Escobar, alias ‘Ricardo Téllez’: conocido como el “canciller de las Farc”, se unió en 1987. Estuvo en la Comisión Internacional y en el Bloque Caribe. Fue capturado en 2004 y regresó a la guerrilla en 2007.
La sanción
La JEP impondrá a estos exdirigentes una “sanción propia” que oscilará entre 5 y 8 años, sin privación de libertad en prisión. En caso de incumplimiento, perderán los beneficios de justicia transicional y deberán responder ante la justicia ordinaria con condenas de cárcel.
La jurisdicción prevé cerrar esta fase de investigación del macrocaso de secuestros en el año 2026.
