El asesinato de Gilberto Jesús Calao González, director seccional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en Tuluá y natural de Lorica (Córdoba), ha provocado una profunda consternación a nivel nacional, en medio de serios señalamientos sobre presuntas irregularidades que el funcionario había denunciado recientemente dentro de la entidad tributaria.
El hecho violento se registró en la mañana del jueves 18 de diciembre, alrededor de las 7:30 a. m., cuando Calao salía de su residencia rumbo a su lugar de trabajo. De acuerdo con información preliminar, fue interceptado por dos hombres que se desplazaban en motocicleta, quienes le dispararon en varias ocasiones, causándole la muerte de manera inmediata.
Tras el crimen, familiares del directivo revelaron que Calao habría enfrentado presiones luego de advertir sobre posibles actos de corrupción. Su hermana, Claudia Calao, afirmó que el funcionario había puesto en conocimiento de sus superiores y de la Fiscalía General de la Nación una serie de movimientos irregulares relacionados con procesos de devolución de saldos tributarios dentro de la DIAN.
“Su único error fue cumplir con su deber”, señaló, al asegurar que una semana antes de su asesinato, Calao había alertado sobre un caso que podría superar los 16.000 millones de pesos, recursos que, según las denuncias, no corresponderían legítimamente a los contribuyentes que los reclamaban.
Gilberto Calao contaba con una trayectoria de más de 16 años en la DIAN, la mayoría de ellos en Bogotá. Hace aproximadamente siete años fue trasladado a Tuluá como parte de una estrategia institucional orientada a fortalecer el control fiscal y enfrentar prácticas corruptas en la región. Desde 2019, cuando asumió la dirección seccional, lideró una gestión que posicionó a la dependencia entre las más eficientes del país en materia de recaudo, alcanzando cerca del 98 % de la meta anual en el último periodo.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los responsables y determinar si el homicidio guarda una relación directa con las denuncias de corrupción realizadas por el funcionario, un caso que ha reavivado el debate sobre la seguridad de quienes enfrentan estructuras ilegales desde el sector público.
