La justicia de El Salvador ratificó este lunes duras sentencias contra decenas de integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), con condenas que oscilan entre más de 400 y hasta 1.335 años de prisión, según informó la Fiscalía General de la República.
Las decisiones judiciales se producen en el marco de la ofensiva del presidente Nayib Bukele contra las pandillas, una estrategia que se mantiene desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción que autoriza detenciones sin orden judicial. De acuerdo con cifras oficiales, más de 90.000 personas han sido arrestadas desde entonces, aunque unas 8.000 recuperaron la libertad tras comprobarse su inocencia.
A través de la red social X, la Fiscalía indicó que 248 miembros de la MS-13 fueron hallados culpables de al menos 43 homicidios y 42 desapariciones, además de otros delitos graves. El ente acusador no precisó la fecha exacta de las sentencias ni aclaró si corresponden a procesos colectivos.
Entre los condenados, uno recibió una pena acumulada de 1.335 años de prisión, mientras que otros diez fueron sentenciados a castigos que van desde 463 hasta 958 años de cárcel. Los crímenes, cometidos entre 2014 y 2022, incluyen el asesinato de un estudiante universitario y de una futbolista, así como hechos de extorsión y narcotráfico.
Según la Fiscalía, los pandilleros establecieron centros de operación en distintos sectores del departamento de La Libertad, desde donde coordinaban actividades ilícitas. También señaló que el grupo exigía pagos a comerciantes bajo amenazas de muerte, una práctica recurrente de extorsión en la zona.
No obstante, las condenas han generado cuestionamientos. Samuel Ramírez, vocero de un movimiento de familiares de personas detenidas durante el régimen de excepción, manifestó a la AFP que, si bien respalda la aplicación de la ley contra criminales, duda de que los procesos hayan respetado plenamente las garantías judiciales.
“Por ahora no existe transparencia en los procedimientos”, afirmó Ramírez, quien calificó las penas extremadamente altas como parte de una estrategia política y de comunicación que favorece al gobierno del presidente Bukele.
