Lo que comenzó como un operativo antidrogas en altamar terminó convertido en un expediente judicial que hoy sacude a uno de los más altos exoficiales de la Armada.
El contralmirante en retiro José Ricardo Hurtado fue formalmente acusado ante la Corte Suprema de Justicia, señalado de haber intervenido de manera irregular en un procedimiento que, en noviembre de 2015, permitió la incautación de 530 kilos de cocaína y la captura de tres personas.
Según el escrito presentado por un fiscal delegado ante el alto tribunal, el entonces oficial no solo habría ordenado la liberación de los detenidos tras la operación marítima, sino que también habría instruido a sus subordinados para eliminar los soportes documentales que daban cuenta del decomiso y del procedimiento de interdicción de la embarcación.
La acusación, que ya cursa ante la Sala Especial de Primera Instancia, incluye cargos por prevaricato por acción agravado, ocultamiento y destrucción de documento público en modalidad continuada, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
El caso adquiere un matiz aún más llamativo por el perfil público que rodea al oficial retirado. En la página institucional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Hurtado es descrito como un estratega experto en manejo de crisis, liderazgo de equipos y cumplimiento de metas organizacionales.
Ahora, la crisis no es administrativa sino judicial. Y la pregunta que queda en el aire es si, además de la droga incautada aquella jornada, también se intentó hacer desaparecer la verdad.
