El Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Montería admitió para su estudio una acción de tutela interpuesta por Luisa Fernanda Julio Vertel, en representación de varias familias del barrio Berlín, quienes alegan una posible vulneración de sus derechos al debido proceso durante las demoliciones que se adelantan en ese sector de la ciudad.
La acción judicial fue dirigida contra la Inspección Especializada en Urbanismo, la Alcaldía de Montería y la Policía Nacional. Sin embargo, pese a dar trámite al recurso constitucional, el despacho judicial negó la solicitud de una medida provisional que buscaba detener de manera inmediata las demoliciones.
De acuerdo con lo señalado en la providencia, el juez determinó que no se cumplen los requisitos legales para ordenar la suspensión urgente de las actuaciones administrativas en curso. En su análisis preliminar, el juzgado concluyó que el proceso fue desarrollado con acompañamiento institucional y que las familias involucradas habían sido notificadas con antelación sobre la orden de intervención.
Según el expediente, la decisión administrativa que dio origen al procedimiento fue emitida en mayo de 2025 y posteriormente confirmada mediante un acto formal en junio del mismo año, lo que, a juicio del juez, evidencia que no se trató de una actuación intempestiva.
El despacho también tuvo en cuenta actas, informes y comunicaciones oficiales que dan cuenta de la participación de distintas entidades durante el operativo, entre ellas organismos de control, autoridades locales, cuerpos de socorro y dependencias encargadas de la atención a población en condición de vulnerabilidad.
Con base en estos elementos, el juzgado descartó la existencia de un daño irreparable o de una afectación grave e inmediata de derechos fundamentales que justificara la adopción de una medida cautelar. No obstante, la acción de tutela continuará su trámite hasta que se emita una decisión de fondo.
Finalmente, el juez ordenó la vinculación de otras entidades y terceros con interés en el proceso, con el fin de garantizar el derecho a la defensa y adoptar una decisión integral sobre la situación jurídica planteada.
