En medio de las visitas políticas, las fotos alegres e imágenes en redes y medios, hay hechos judiciales no cerrados que rodean al joven aspirante cordobés al Congreso de la Republica.
La investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia por un presunto caso de cohecho impropio en el escándalo que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) volvió a generar impacto en el escenario político colombiano. En esta ocasión, el foco está puesto sobre el representante a la Cámara Wadith Manzur.
El congresista del Partido Conservador aseguró que afronta el proceso con serenidad y afirmó que no tiene motivos de preocupación. “Estoy tranquilo, no tengo nada que temer ni nada que ocultar”, dijo en declaraciones a los periodistas Oswaldo Marchena y Mauricio Castilla. Según Manzur, los señalamientos se explican más por el contexto político y la visibilidad pública de los involucrados que por hechos irregulares comprobados.
De acuerdo con el expediente, la Corte analiza posibles gestiones para orientar un contrato cercano a los 50.000 millones de pesos, destinado a obras de drenaje en el municipio de Cotorra, en el departamento de Córdoba. El proyecto, sin embargo, nunca fue adjudicado ni ejecutado. Manzur sostuvo que su actuación se limitó a una gestión institucional y negó haber obtenido algún beneficio personal.
El legislador, quien actualmente aspira a una curul en el Senado, defendió la legalidad de sus actuaciones y señaló que la intermediación ante entidades del Estado hace parte de las funciones permitidas por la ley y el reglamento del Congreso. También reconoció que su apellido y trayectoria familiar lo han mantenido bajo permanente escrutinio público, aunque subrayó que ha enfrentado el proceso sin evadir responsabilidades.
La Corte Suprema cerró la etapa probatoria del caso en noviembre de 2025 y deberá definir si existen elementos suficientes para llamar a juicio a Manzur y a otros cinco congresistas vinculados a la investigación. Entre tanto, el proyecto de mitigación de inundaciones que beneficiaría a cerca de 8.000 habitantes de Cotorra sigue sin avanzar, una situación que la alcaldesa María Eugenia López Díaz ha atribuido directamente a las irregularidades alrededor de la UNGRD.
