La gerente zonal de la Nueva EPS en Córdoba, Lisseth Herlides Camargo Doria, podría ser privada de la libertad tras una decisión judicial que la sanciona por incumplir una orden de tutela relacionada con la atención de una paciente con una enfermedad degenerativa.
El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Planeta Rica impuso diez días de arresto y una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, luego de establecer que la EPS no acató la realización de una junta médica ordenada hace más de un año. La decisión, emitida el 12 de diciembre de 2025, fue ratificada siete días después por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito del mismo municipio.
La medida ya fue notificada al Comandante de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, autoridad encargada de hacer efectiva la sanción.
El desacato está vinculado al caso de Sulma Josefina Priolo Ramos, paciente con gonartrosis, una patología degenerativa que compromete las articulaciones y genera dolor severo, inflamación y una marcada limitación de la movilidad. Un fallo de tutela del 8 de octubre de 2025 ordenó garantizar su atención integral, incluyendo la valoración por un equipo interdisciplinario para definir la necesidad de una intervención quirúrgica.
De acuerdo con familiares de la paciente, la EPS habría prolongado el proceso con trámites y demoras, pese a la orden judicial que protegía su derecho fundamental a la salud.
El caso vuelve a poner en el centro del debate el cumplimiento de las tutelas en el sistema de salud y las consecuencias legales para los funcionarios que desatienden decisiones judiciales.
