El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expedirá un decreto de emergencia económica, social y ambiental para hacer frente a la grave crisis provocada por la ola invernal en los departamentos de Córdoba y Sucre, según confirmaron fuentes oficiales.
El mandatario citó a la totalidad de su gabinete este lunes a las 4:00 p.m. en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), en Bogotá, desde donde se trasladarán a Montería para encabezar un consejo de ministros extraordinario en terreno. La decisión se produce en medio de las intensas lluvias que han generado inundaciones masivas y afectaciones a cientos de familias en distintas regiones del país.
Además de Córdoba y Sucre, el Gobierno evalúa el impacto de la temporada de lluvias en otros departamentos como Chocó y Bolívar, así como en al menos 19 territorios adicionales que reportan daños significativos.
Durante la jornada en Montería, el Ejecutivo formalizará la declaratoria de emergencia con el propósito de agilizar recursos y adoptar medidas excepcionales que permitan atender la contingencia humanitaria, reconstruir infraestructura y mitigar el impacto económico en las comunidades afectadas.
A través de un mensaje en la red social X, el presidente Petro anticipó la medida y señaló que, mientras se avanza en la entrega de ayudas alimentarias —incluyendo miles de cajas con alimentos adquiridos en regiones cercanas—, el Gobierno expedirá los decretos necesarios para enfrentar la situación. “Hoy todo el gobierno se reúne en Montería”, escribió el mandatario.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo que las pérdidas derivadas de las inundaciones son “millonarias” y no estaban previstas en los presupuestos de sectores como Salud, Educación, Invías o la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En ese contexto, aseguró que la magnitud de la calamidad exige el respaldo institucional para canalizar recursos extraordinarios.
La declaratoria de emergencia económica permite al Ejecutivo emitir decretos con fuerza de ley por un tiempo limitado, con el fin de atender situaciones excepcionales que alteren gravemente el orden económico, social o ambiental del país.
