Quien hasta hace pocos días era catalogado como un héroe, gracias a algunas acciones lideradas por el mandatario regional, hoy entra al ojo del huracán gracias los tapaos que a secreto a voces guardan muchos empresarios, ganaderos, políticos y grandes personalidades que residen en Montería y el departamento de Córdoba.
El detonante fue una investigación periodística divulgada por Noticias Uno desató un nuevo debate en Córdoba tras revelar presuntas intervenciones en el cauce natural del río Sinú mediante la construcción de al menos 40 barreras en zonas inundables, algunas ubicadas en terrenos reclamados por particulares, entre ellos un predio vinculado al gobernador del departamento, Erasmo Zuleta.
De acuerdo con el informe, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) habría identificado más de 4.500 hectáreas de ciénagas y humedales en Córdoba que tendrían la condición de baldíos inadjudicables, es decir, bienes de la Nación que no pueden ser titulados a privados. Sin embargo, según lo expuesto por el noticiero, en varias de estas áreas se habrían desarrollado actividades como ganadería y la construcción de jarillones y terraplenes que modificarían el flujo natural del agua.
El reportaje señala que uno de los predios sometidos a proceso de clarificación jurídica está ubicado en el sector de El Vidrial, en zona rural de Montería. Allí, Zuleta figura como propietario de un terreno de más de nueve hectáreas, actualmente a nombre de su esposa y sus tres hijas.
Según la ANT, el 28 de marzo del año pasado se inició un proceso de clarificación sobre 27 predios en esa zona, incluido el vinculado al mandatario, con el propósito de establecer el origen legal de los terrenos y determinar si corresponden o no a baldíos de la Nación.
El informe periodístico sostiene que estos predios harían parte de humedales cuya administración y regulación compete exclusivamente al Estado, sin posibilidad de transferencia como propiedad privada si se confirma su carácter de baldíos inadjudicables.
Consultado por el noticiero, el gobernador aseguró que adquirió el terreno hace siete años “de buena fe”, con recursos provenientes de la reposición de votos de una campaña electoral. Además, negó haber adelantado obras como jarillones o terraplenes en el lugar y afirmó que, en caso de que la justicia determine que se trata de un baldío nacional, procederá a entregarlo.
Zuleta ha insistido en que el predio no corresponde a un bien baldío y que será la autoridad competente la que defina su situación jurídica.
La investigación también recoge testimonios de campesinos y pescadores que, durante décadas, han denunciado intervenciones en las ciénagas por parte de terratenientes y ganaderos, señalando que estas obras habrían alterado el equilibrio ambiental y contribuido al agravamiento de las inundaciones que hoy afectan a varias comunidades del departamento.
Por el momento, el proceso se mantiene en etapa de clarificación, lo que implica que no existe una decisión definitiva sobre la titularidad de los terrenos.
La controversia se produce en medio de la emergencia invernal que enfrenta Córdoba, una situación que ha reavivado el debate sobre el manejo de los humedales, la transformación del territorio y la eventual responsabilidad de distintos actores en el impacto ambiental que vive la región.
