Quien fuera el comandante operativo de la Policía en Sucre llegó a un preacuerdo con la Fiscalía. Además de la condena, deberá pagar una multa de 100 salarios mínimos legales vigentes.

Desde las 9:30 de la mañana de este miércoles, el Juzgado 4 Penal del Circuito de Sincelejo dio inicio a la audiencia de verificación de preacuerdo del coronel (r) Benjamín Núñez, sindicado de haber matado a tres jóvenes en Chochó, Sucre.

Las víctimas son Carlos Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz y José Carlos Arévalo, quienes el 25 de julio del año pasado murieron en medio de una situación que llevó a investigar a varios policías, entre ellos el oficial retirado Núñez.

Se llamaban Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez y José Carlos Arévalo

Este hombre está preso en la cárcel de La Dorada, y desde allí se conectó para escuchar si se avala el acuerdo al que llegó con la Fiscalía General de la Nación de pagar 29 años de cárcel (348 meses) y una multa a cambio de pedir perdón a las familias y colaborar con la justicia.

Fue así como la jueza indicó que «si esos fueron los términos del convenio celebrado entre la Fiscalía y el imputado, de entrada, se dirá que no se avizora cualquiera irregularidad que lo invalide». Es decir, para la togada no se vislumbra que se haya afectado alguna falta al ordenamiento jurídico.

«Considera el despacho que la rebaja del 50 por ciento es proporcional, pues existe evidencia de que Núñez ha colaborado con la justicia», adicionó la jueza.

Al aval de ese acuerdo se habían opuesto días atrás los abogados de las víctimas, como Aníbal Garay y Didier Pizza, quienes consideraban que había las suficientes pruebas para llevar a juicio al coronel Núñez, quien al inicio del proceso no aceptó cargos por homicidio agravado, privación de la libertad, falsedad ideológica y ocultamiento, alteración y destrucción de elementos probatorios.

Además, también mostró su desacuerdo la Procuraduría General de la Nación, la cual insistió en que no son claras las declaraciones que hará el oficial preso contra otras personas, en aras de esclarecer qué pasó. Y que se atentó contra lo más preciado que tiene una persona: su vida.

Ante eso, la jueza cuestionó algunas observaciones hechas por la delegada del Ministerio Público, puesto que no se encuentra alguna irregularidad entre lo celebrado por las partes. Al final de la audiencia, la funcionaria de la Procuraduría retiró su desacuerdo.