En el marco de la grave emergencia invernal que atraviesa el departamento de Córdoba, más de 800 familias damnificadas que permanecen en el albergue del Coliseo de Ferias de Montería han denunciado presuntos hechos de uso desproporcionado de la fuerza durante un operativo realizado por unidades de la fuerza pública en el interior del lugar.
Las personas que hoy se encuentran en ese espacio no son delincuentes ni ocupantes ilegales. Son madres con sus hijos, adultos mayores que perdieron el fruto de toda una vida de trabajo, mujeres embarazadas y trabajadores que lo han perdido absolutamente todo a causa de las inundaciones.
Según testimonios de integrantes de la comunidad de Canaán, el procedimiento habría tenido como supuesto objetivo la captura de algunos líderes sociales. Sin embargo, al solicitar claridad sobre órdenes judiciales, se habría informado posteriormente que dicha información no correspondía a la realidad.
Los damnificados relatan momentos de tensión y pánico dentro de un espacio humanitario: se denuncian presuntas agresiones físicas, actos de intimidación y afectaciones emocionales a menores de edad y adultos mayores. Una mujer habría resultado golpeada, mientras niños y mujeres embarazadas entraron en estado de angustia.
El Coliseo de Ferias es hoy un refugio humanitario. No puede convertirse en escenario de confrontación.
A esta situación se suma una preocupación expresada por las familias respecto al manejo de las ayudas. Según los damnificados, las donaciones no estarían siendo entregadas directamente con participación organizada de los líderes comunitarios y representantes de las familias, sino a través de terceros encargados de su posterior distribución.
Esta modalidad ha generado desconfianza, desorganización y sensación de falta de transparencia.
En medio de una tragedia de esta magnitud, la ayuda humanitaria debe administrarse con absoluta claridad, trazabilidad y participación comunitaria.
Luis Fernando Ballesteros, en calidad de defensor de derechos humanos, manifestó:
“Lo ocurrido en el Coliseo de Ferias, de confirmarse como lo relatan las familias, es profundamente grave. Las diferencias o conflictos de convivencia en medio de una emergencia ambiental no pueden resolverse con intimidación ni con uso de la fuerza desproporcionada.
Si no existen órdenes judiciales claras, no puede haber procedimientos que generen miedo dentro de un albergue humanitario.
El Estado debe ser garante de protección, no un factor adicional de angustia.
Asimismo, la ayuda humanitaria debe manejarse con transparencia absoluta. Las familias damnificadas tienen derecho a saber cómo se reciben, administran y distribuyen las donaciones.”
Se solicita la intervención inmediata de:
• La Defensoría del Pueblo
• La Personería de Montería
• La Procuraduría General de la Nación
• Las autoridades departamentales y nacionales competentes
Con el fin de:
1. Verificar los hechos denunciados.
2. Garantizar la protección de derechos fundamentales.
3. Investigar posibles excesos en el uso de la fuerza.
4. Implementar mecanismos claros y verificables para la distribución de ayudas humanitarias.
Córdoba atraviesa una emergencia histórica. La respuesta institucional debe estar a la altura del sufrimiento de su gente.
Las familias del Coliseo de Ferias no están pidiendo privilegios.
Están exigiendo respeto, protección, transparencia y dignidad
