Luego de un análisis jurídico riguroso y tras la expedición de una nueva circular por parte del Ministerio de Educación Nacional, la Alcaldía de Montería modificó la resolución mediante la cual se habían adelantado las vacaciones de docentes y estudiantes oficiales en el marco de la emergencia ocasionada por las inundaciones.
Desde el inicio de la contingencia, la Administración Municipal actuó conforme a lo establecido en la Circular 043 de 2025, normativa nacional que regula la prestación del servicio educativo en situaciones de emergencia. Bajo ese marco jurídico se adoptaron medidas excepcionales, entre ellas la interrupción temporal de clases y el posterior adelanto del período de vacaciones, decisión que en su momento representó la alternativa legalmente viable frente a las condiciones críticas que atravesaba el municipio.
No obstante, ante la complejidad del panorama educativo local y la evolución progresiva de la emergencia, la Secretaría de Educación adelantó gestiones formales ante el Ministerio de Educación Nacional solicitando la revisión del instrumento normativo vigente o la expedición de una disposición excepcional que permitiera mayor flexibilidad en la toma de decisiones.
Como resultado de este proceso técnico y de varias mesas de asistencia jurídica, el Ministerio expidió la circular 010, comunicada oficialmente a las entidades territoriales el 13 de febrero, mediante la cual se habilitan herramientas adicionales para la organización del calendario académico en contextos de emergencia.
En virtud de esta nueva disposición nacional y tras el respectivo análisis jurídico, la Secretaría de Educación decidió modificar la resolución que contemplaba el adelanto de vacaciones, adoptando en su lugar semanas de desarrollo institucional, figura prevista en la normativa vigente y ahora aplicable a la realidad actual del municipio.
Esta determinación garantiza coherencia entre el marco jurídico nacional y las condiciones locales, permitiendo mantener la continuidad del servicio educativo bajo criterios de legalidad, flexibilidad administrativa y responsabilidad institucional.
La Secretaría de Educación reitera que todas las decisiones adoptadas durante la emergencia han respondido estrictamente al análisis normativo y a las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional, actuando siempre dentro del marco legal y con el objetivo de proteger el derecho a la educación en circunstancias excepcionales.
