El Fiscal General de la Nación no está de acuerdo con que se les dé trato político a las bandas criminales; además ataca de frente el cese bilateral porque ralentiza la justicia y puede llevar a las autoridades a caer en el prevaricato.
El fiscal General Francisco Barbosa visitó a Medellín esta semana y llegó pisando duro: cerró la sede de la Fiscalía de Tarazá después de que hombres del Clan del Golfo secuestraron transitoriamente a tres funcionarios de la Fiscalía casi en las narices del Ejército. Con lo cual, los uniformados, parecían estar cumpliendo la orden de no perseguir a criminales. El hecho se hizo más escandaloso porque entre los criminales se encontraba alias Gonzalito, capo del Clan, a quien hace un mes el Gobierno había pedido levantar la orden de captura con fines de extradición.
Barbosa, quien se ha convertido en una especie de contrapeso del presidente Gustavo Petro, llamando al respeto por la Constitución y la Ley cada que el Gobierno sale con propuestas audaces, habló sobre la Paz Total, el proyecto de ley para modificar el Código Penal y sus reuniones con Petro.
¿El cierre de la sede de la Fiscalía en Tarazá es definitivo?
“Se cerró. Los funcionarios no van a volver allá porque además son personas que fueron reseñadas por ese delincuente, Gonzalito. Es que les tomaron fotos, les tomaron fotos a sus carnets, apuntaron sus nombres, los perfilaron. En ese orden de ideas lo que haremos es trasladar el servicio de Tarazá a Medellín. Ya les tienen un espacio a esos funcionarios, a quienes además les dieron 20 días de incapacidad por temas sicológicos”.
¿Cómo fue el secuestro o la retención de los fiscales por parte de alias Gonzalito?
“Ellos habían salido de Tarazá hacia Medellín y un grupo de personas, motociclistas, los obligaron a detenerse, los amedrentaron con armas de fuego, los acusaron de ser extorsionistas. Ellos informaron que eran funcionarios, mostraron sus carnet de la Fiscalía y los hicieron retornar a una zona rural cerca del municipio. Allí los tuvieron un tiempo y pues se apareció el jefe de ellos, que era este señor Gonzalito, que fue uno de los que yo me negué a levantar la orden de captura”.
Ah, ellos vieron a Gonzalito...
“Claro, lo reconocieron. Se solicitó ante un juez una orden de captura contra ese señor por secuestro agravado”.
¿Y ellos por qué no lo detuvieron en ese momento?
“Pero, ¿cómo va uno a retener a alguien si está rodeado de hombres? Básicamente, ellos son la autoridad. ¿Usted qué hace? Llorar”.
¿Cuántos eran?
“Más o menos 15 hombres. Primero ocho y otros ocho que llegan con alias Gonzalito”.
¿Habrá más impunidad en Tarazá con el cierre de la Fiscalía?
“Es que el Estado no es solo la Fiscalía. Si la Fiscalía no tiene la colaboración de la Policía y del Ejército... Los funcionarios de Tarazá contaron que cuando regresaban se encontraron con unos puestos de control del Ejército en la carretera y no hicieron absolutamente nada frente a lo que ocurría. Es decir, una especie de connivencia entre estos delincuentes y las personas que estaban cuidando la carretera o que estaban ahí en labores de vigilancia, lo cual para nosotros es completamente grave, porque lo que no se puede repetir es una especie de fenómenos de paramilitarismo en Antioquia. Eso me parece a mí completamente grave y retornaríamos a los peores escenarios de hace 20 años”.
¿Esto tiene que ver de pronto con la decisión o con la orden que les dio el director de la Policía Nacional, interpretando lo que a su vez les había dicho el presidente Gustavo Petro, de no detener a ningún delincuente de estas bandas criminales que están en la Paz Total?
“Yo creo que sí. Creo que la existencia del decreto genera una ambigüedad en la operatividad judicial y policial que hay en el país, y lo digo con claridad porque esos decretos tienen un problema de fondo: no tienen una delimitación geográfica. Uno no puede hacer cese al fuego o de hostilidades sobre la base de que no existe una delimitación geográfica, porque entonces usted no tiene la capacidad de controlar cuál es el nivel operativo que tiene en diferentes regiones.
Entonces, ¿qué es lo grave de todo este tema? Hay un problema de operatividad judicial en el territorio nacional o en esas zonas, que termina afectando a la Fiscalía General de la Nación. Por ejemplo, tenemos más de 2.260 órdenes de captura sin ejecutar por homicidios en el territorio nacional, tenemos 349 órdenes de captura por asesinato de líderes sociales y nadie las ejecuta”.
Pero ¿cómo así, los criminales de todo tipo están hoy caminando como Pedro por su casa? ¿Nadie los captura?
“Lo que yo voy a hacer es ir cerrando cada mes, mostrándole al país cómo va esa ejecución de las órdenes de captura, y de las incautaciones. El presidente Gustavo Petro, le dijo esta semana a la Fiscalía General de la Nación que le parece bien que nosotros hagamos el conteo de las incautaciones, porque es la autoridad que debería hacerlo, porque dice que hay confusiones”.
Pero con lo que usted nos plantea, es como si Colombia se hubiera vuelto un gran Caguán...
“Yo lo que veo más allá de decir que existe esa situación, es que hoy tenemos una incomprensión frente a unas órdenes que están llevando a que se reduzca la operatividad policial y judicial en el país, por eso se presentan casos como el de Tarazá”.
El Gobierno, el director de la Policía, dio a entender que por instrucción del Presidente no iban a perseguir a los miembros de las bandas criminales, que si caían en un retén de pronto sí...
“Si eso pasa, eso es un prevaricato. Aquí lo que tienen que hacer es capturar y cumplir las órdenes, es una obligación constitucional y legal. Por eso yo he dicho que estos decretos generan una situación de zozobra desde el punto de vista de la operatividad judicial y policial del país.
¿Cómo se materializa eso? Pues nos acaba de pasar en Tarazá, donde tenemos que sacar a la Fiscalía General de la Nación por cuenta de que no hay garantías de seguridad en esa zona y no hay garantías de seguridad porque tenemos es a un grupo de militares que, según la declaración que tiene por parte de nuestros fiscales, casi de forma pasiva advirtieron el paso de un secuestro por parte de una organización que controla la zona que se llama el Clan del Golfo. Y ya hay investigación”.
Y si los del Ejército no los capturan porque están siguiendo las instrucciones del Ministerio de Defensa o del comandante de la Policía, ¿esto puede tener también alguna consecuencia para estos funcionarios del Estado?
“Todo tiene consecuencias jurídicas, todo puede tener consecuencia penal. Nosotros estamos investigando, pero llegaremos hasta las últimas consecuencias. Esto es intolerable para el país. Un país no puede tolerar que salga la Fiscalía General de la Nación de un municipio por cuenta de que no hay garantías de seguridad para los funcionarios que ejercen administración de justicia”.
Volviendo a alias Gonzalito, ¿este está entre los mismos que usted desde Estados Unidos comparó con Pablo Escobar, criticando la negociación del Gobierno?
“Claro. O sea, esto es parte de una discusión que tenemos hoy en la Fiscalía General de la Nación, pero que también yo le planteé al Presidente de la República y el presidente, en la conversación me dijo con claridad: ‘Mire, nosotros no vamos a pedir levantamiento de órdenes de captura con fines de extradición de personas que están en esos procesos porque no es el objetivo del gobierno’. Hubo un malentendido o una equivocación. O sea, yo creo que eso quedó superado también por el Presidente y yo encontré una voluntad de él para escuchar. Y en ese sentido yo no voy a ahondar más en este asunto, porque tampoco el objetivo es seguir manteniendo una discusión sobre temas de los que ya tenemos claridad. No se va a pedir un levantamiento de orden de captura de estas personas. Yo le expliqué al Presidente que además son los jueces los encargados de hacerlo, me dijo que efectivamente tenía toda la razón y que iba a avanzar en una estrategia con la ley de sometimiento a la Justicia”.
Pero ahí pareciera que hay dos relatos: uno el del presidente Gustavo Petro y otro el del Alto Comisionado...
“Sí, pero las cartas con los nombres y los decretos llegaron firmados por el Presidente”.
Da la sensación de que usted y el Presidente están intentando hacer las paces para no descomponer mucho más el Estado, porque en realidad son dos posiciones muy distintas...
“Sí, pero el presidente digamos, yo no voy a hablar en términos de si cedió o no cedió. El presidente entendió. Él entendió que no vamos a levantar ninguna de las órdenes de captura con fines de extradición. Y ese es un asunto que debe resolverse con una ley de sometimiento. El siguiente debate en Colombia va a ser la ley de sometimiento”.
El presidente Petro en otros momentos ha tenido una mirada muy crítica de la extradición,
¿realmente él fue respetuoso o temeroso de Estados Unidos?
“No puedo contestar esa pregunta porque no sé. No le puedo interpretar al Presidente su respuesta. Yo lo que le puedo decir es que el Presidente me manifestó, y yo creo que es muy importante esa manifestación, que él no tiene ningún interés y el gobierno no tiene ningún interés en hacer acuerdos políticos con narcos en este país. Seguramente sí habrá acuerdos de sometimiento que deben ir al Congreso de la República”.
¿Y cuál es la posición de la Fiscalía sobre la necesidad de una ley de sometimiento?
“Me parece muy bien que haya sometimiento a la justicia de narcotraficantes en este país, si esos sometimientos se hacen con fundamento en justicia retributiva, es decir en cárcel, con garantías de no repetición, con verdad, que no haya elegibilidad política, que no existan garantías de no extradición y que estas personas tengan que entregarse a la justicia y pagarles con sus bienes a las víctimas”.
Pero ya se ha mencionado la posibilidad de un acogimiento, ¿usted qué opina?
“No, a mí las teorías de acogimiento, recogimiento, súpercogimiento no me interesan. A mí lo único que me interesa es que se sometan a la justicia y esa es la posición de la Fiscalía. Si hay una posición diversa a cárcel efectiva, yo me opondré a ella”.
Es decir, ¿usted es más de la cárcel que dio Justicia y Paz que de la no cárcel que entregó el Acuerdo de Paz con las Farc?
“Son dos cosas distintas. Una cosa es un acuerdo de paz como el que se tuvo con las Farc o como el que se puede tener con el ELN, en donde hay unos criterios de paz que yo creo que ya los límites los definió la Jurisdicción Especial de Paz y es Justicia Transicional. Otra cosa es un sometimiento a la justicia, un sometimiento a la justicia es a la justicia ordinaria y eso tiene otros criterios. Las personas que se metan en eso deben saber que van a pagar una pena de prisión. Esa es la única opción. Ahora, si están buscando o se está buscando por algunos sectores disfrazar un proceso de sometimiento con condicionamientos de proceso de paz con guerrillas, yo no voy a aceptar ninguna de esas alternativas. La única alternativa es que esa ley de sometimiento tenga un componente de cárcel. Los procesos de sometimiento se han hecho con unos estándares que ya fueron definidos por la Corte Constitucional, por la Corte Suprema para la Ley 975 de 2006. El presidente Petro creo que está de acuerdo con lo que estoy diciendo, él me lo dijo”.
Fiscal, pero hay mucho ruido alrededor de lo que está pasando en las cárceles. Incluso Roy Barreras habló de 20 abogados que estarían pidiendo plata para nombrar Gestores de Paz. ¿Qué sabe usted de eso? ¿Eso se está investigando? ¿Hay denuncias?
“Hay una investigación que se abrió de oficio por parte de la Fiscalía y ya declaró el hermano del presidente Petro, Juan Fernando. Van a ir a declarar unos abogados que han estado al parecer en esas gestiones. Tendrá que ir a declarar el Alto Comisionado para la Paz. Con la información que nos den, más lo que la Fiscalía ha recaudado, que ya es importante, construiremos las hipótesis investigativas para ver exactamente qué hay de realidad y qué no hay. Por lo pronto, la Fiscalía está encima de esa supuesta red de abogados o de narcotraficantes que supuestamente paga cupos para ser Gestores de Paz en la Paz Total”.
¿De eso hay alguna prueba?
“Estamos en la investigación y no vamos a decir si hay o no hay. Estamos en este momento escuchando y estamos investigando. Seguramente tendremos resultados sobre eso”.
¿Usted cree que tienen relación los cambios en el Código Penal y la propuesta de excarcelación con lo que supuestamente se les está prometiendo a los narcos, en el sentido de que podrían salir de prisión para cumplir misiones de paz?
“Yo no tengo ni idea. El Comisionado para la Paz y el Presidente de la República, digamos, el presidente me manifestó a mí su preocupación frente a este tipo de informaciones. Entiendo que el Comisionado para la Paz incluso denunció el hecho de los abogados que están en medio. Yo creo que lo mejor que le puede pasar al país es saber qué es lo que está ocurriendo detrás. Pero ellos también manifestaron que se está alertando sobre la preocupación que tienen de que haya terceros que quieran ponerse a generar ese tipo de expectativas. Yo como no estoy en el Gobierno, pues no sé qué pasa al interior del gobierno, no tengo ni idea, pero lo único que sé es que el mejor escenario para poder discutir cualquier tema es el Congreso de la República”.
Usted estuvo en Estados Unidos, ¿había una preocupación de la justicia norteamericana por todo el tema de como se están planteando una Paz Total?
“Estados Unidos es un socio estratégico de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y en la lucha contra la criminalidad. Estados Unidos nos ayudó a nosotros muchísimo a poder construir el modelo de justicia en Colombia con el Plan Colombia y con la Fiscalía General de la Nación. Nuestros fiscales han sido entrenados por esas agencias. Tenemos una cooperación muy importante. Cualquier cosa que pase en Colombia y que afecte esa cooperación judicial, porque yo hablo en términos judiciales, pues obviamente genera preocupaciones. Entonces empiezan a bajar los indicadores de incautaciones y empiezan las preocupaciones. Lo que nosotros hacemos es seguir trabajando para superar eso; el Presidente de la República escuchó y yo creo que hay unas intenciones para destrabar este problema. Ahora puedo decir es que la Fiscalía es una voz que se escucha y que se tiene que escuchar en la Paz Total. Si la Fiscalía no se escucha en la Paz Total, esa paz va a quedar a medias”.
¿Y los han invitado a esas discusiones de la Paz Total?
“Por lo menos existe mayor preocupación de la existencia de la Fiscalía General de la Nación. Ya no somos un actor pasivo, porque ya sabe que cuando somos un actor pasivo, pues obviamente tenemos que tumbar la puerta y entrar para que nos escuchen, porque la Fiscalía tiene que escucharse. ¿Por qué? Porque un proceso de sometimiento ¿dónde se hace? O sea, ¿dónde se tendría que hacer un sometimiento a la justicia? El presidente me manifestó que quien hace el sometimiento es la justicia, ojo no la ley, quien ejecuta el sometimiento a la justicia va a ser la Fiscalía General de la Nación. Él me dijo: ‘Usted fiscal, ustedes son los que van a hacer eso.
Entonces es importantísimo que ustedes estén ahí y escuchen y estén ahí en el debate’. Le dije que estábamos de acuerdo. Yo creo que en donde le puse los temas muy claros es en que había que distinguir entre justicia transicional para la Paz Total y justicia ordinaria para lo otro. Creo que con esos dos criterios nosotros estaríamos conformes con el debate en el Congreso de la República”.
¿Qué hay de cierto en que el presidente le ofreció a usted la embajada en Francia?
“No, no me ha ofrecido ninguna embajada el Presidente de la República y tampoco lo aceptaría. Me quedo hasta el 13 de febrero de 2024 en la Fiscalía General de la Nación”.
Fuente: El Colombiano.
