Judiciales (509)
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Las autoridades investigan quiénes serían los responsables de esta nueva acción violenta.
Un ataque con una granada a una empresa de taxis en el barrio Cundinamarca, en plena zona céntrica de Cúcuta, dejó tres personas heridas, las cuales fueron trasladadas a un centro asistencial.
Según las autoridades, una granada de fragmentación fue dejada en el local comercial que sirve a su vez de lavadero de carros, en un horario que era altamente transitado y donde se registraron momentos de pánico.
El teniente coronel Francisco Narváez, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, aseguró que una vez se dieron los hechos, un equipo especial se trasladó al lugar para atender la situación.
"Llegamos al lugar y verificamos que había material probatorio que demostraría que se trataría de un artefacto explosivo y por ende se activan los protocolos de atención a la empresa y los residentes del sector", manifestó el oficial.
Además, señaló que están tras la pista de los responsables de esta acción criminal que dejó afectaciones materiales.
Por otra parte, testigos del hecho aseguraron que la explosión generó temor entre la comunidad en momentos en los cuales el comercio en el sector es altamente visitado.
"Nosotros estábamos pasando por el lavadero cuando escuchamos el bombazo y los gritos. La situación está muy delicada, da miedo salir a la calle", expresó uno de los testigos del hecho.
El pasado mes de febrero un ataque con explosivos se registró en un local comercial, donde funcionaba un salón de belleza, que dejó varias personas lesionadas. El ataque que habría sido perpetrado por la banda delincuencial transnacional AK-47.
Las autoridades en el área metropolitana de Cúcuta han intensificado los operativos para mitigar el accionar delictivo de diversos grupos armados que hacen fuerte presencia en la zona de frontera.
Fuente: Sistema Integrado de Información.
El repudiable hecho, tuvo lugar en una estructura instalada en cercanías al Polideportivo Norte de la capital del Magdalena.
En las últimas horas se conoció un nuevo caso de maltrato animal en la ciudad de Santa Marta, en donde al menos 50 gatos que hacían parte de un improvisado refugio, fueron incinerados sin ningún tipo de contemplación.
El repudiable e indignante hecho, tuvo lugar en una estructura instalada en cercanías al Polideportivo Norte de la capital del Magdalena, y ya está siendo investigado por la Policía que ya ha pedido los videos de las cámaras de seguridad cercanas al lugar, en donde estaba ubicado el resguardo.
Ante la tragedia, la senadora del Partido Alianza Verde, Andrea Padilla Villarraga, condenó el lamentable hecho y le pidió actuar inmediatamente al presidente Gustavo Petro y a la Fiscalía.
El Cuerpo de Bomberos de Santa Marta, que atendió la emergencia que se desató por la grave conflagración, también lamentó con profunda tristeza el inmisericorde hecho.
Dicha situación, se da día después de que animalistas se reunieron para plantear la protección a los animales en el Plan Nacional de Desarrollo, junto a entidades, organizaciones y la ciudadanía, en una audiencia liderada por los representantes Juan Carlos Losada y Katherine Miranda.
En la propuesta, se hizo énfasis en la necesidad de tener una política pública que le permita a Colombia empezar a generar cambios culturales, en pro de la protección de los animales y de su entorno.
Este miércoles se votará en la Comisión Primera de Senado de la República, el proyecto denominado "Ángel" que reformaría la ley contra el maltrato animal.
Fuente: RCN radio.
Tras la suspensión del cese al fuego entre el Clan del Golfo y el gobierno, el ejército pudo abatir a dos cabecillas de esta organización los cuales fueron identificados como alias El Gato y Cadena, ambos formaban parte de la subestructura Erlin Pino Duarte que opera en el departamento de Bolívar.
Las dos bajas se llevaron a cabo este pasado lunes 20 de marzo tras uno enfrentamientos que sostuvieron el ejército con el Clan del Golfo en una zona rural del municipio de Arenal.
“En cumplimiento del Plan de Operaciones Ayacucho tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, adscritas a la primera división, en el corregimiento El Paraíso se sostienen combates contra miembros de la subestructura Erlin Pino Duarte del grupo armado organizado Clan del Golfo”, informó el coronel Luis Eduardo Cifuentes Villamarín, comanda de la fuerza de tarea.
El oficial explicó que el golpe al grupo armado ilegal, que se autodenomina como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), se dio gracias a un trabajo interinstitucional.
“La integración de capacidades del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y el Grupo Operativo Especial de Investigación Criminal lograron la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias El Gato y alias Cadena, sujetos que portaban prendas y armas de uso privativo de las fuerzas militares”, agregó el militar.
Por otro lado, luego de los combates, en el lugar fueron incautados dos fusiles ak-47, un lanzagranadas de 40 milímetros, una pistola, proveedores para la misma, municiones y material de intendencia, indicó el coronel Cifuentes, quien aseguró que el Ejército seguirá con estas operaciones para proteger a la población en el sur de Bolívar.
Este resultado se dio luego de que el domingo 19 de marzo, el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, ordenara suspender el cese al fuego con el Clan del Golfo para que la Fuerza Pública continuara con los operativos contra esa estructura narcotraficante, descendiente de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, hermano de crianza de los hermanos paramilitares Castaño Gil, fue capturado en Bogotá la madrugada de este sábado 18 de marzo cuando salía del concierto de Alejandro Fernández en el Movistar Arena.
Luego de creer haber saldado sus crímenes con la justicia y seguir colaborando con la Ley, además de tener esquema de seguridad de la UNP, ahora deberá enfrentar un nuevo proceso por el asesinato de la líder reclamante de tierras Yolanda Izquierdo, ultimada en la terraza de su casa en la margen izquierda de Montería en el año 2007, después de que Monoleche y los hermanos Castaño se desmovilizaran.
Un testigo paramilitar de la época dijo a la Fiscalía que el excabecilla paramilitar dio la orden de matar a Izquierdo.
Es de recordar que el mismo Monoleche confesó cómo planearon, asesinaron y enterraron a quien fuera su jefe en las Auc, Carlos Castaño Gil.
El hoy capturado tiene residencia en su finca ubicada al norte de Montería donde tiene una planta procesadora de harina de ahuyama que exporta a Holanda.
Según el fiscal general, como está planteado el proyecto, se propiciaría un festín de corrupción en las cárceles.
El fiscal general, Francisco Barbosa, lanzó una nueva advertencia y aseguró que cómo está planteado el proyecto de ley de sometimiento a la justicia del Gobierno Nacional, más de 3.600 delincuentes responsables de delitos graves podrían salir de la cárcel.
Según el jefe del organismo investigador, en este articulado se plantea la idea de tratar de mostrar que el concierto para delinquir agravado es un mecanismo que va a tener una suerte de indulto a través del principio de oportunidad en Colombia.
“La preocupación según la revisión que ya tenemos de la Fiscalía es que más o menos 3.500 ó 3.600 personas directamente podrían salir de la cárcel, lo que para nosotros hace que sea muy grave”, dijo Barbosa.
Explicó que, al mismo tiempo, se incluye en esta iniciativa una cláusula dentro del artículo 324 numeral primero del Código de Procedimiento Penal.
“Son 217 delitos, es decir, podría haber un festín de corrupción en las cárceles para que esas personas salgan por principio de oportunidad, asimilando el principio de oportunidad a una suerte de indulto”, indicó Barbosa.
De igual forma, señaló que está iniciativa parece más un proceso de paz con narcotraficantes y herederos de estructuras paramilitares que una marcó de sometimiento a la justicia.
El fiscal general señaló que su solicitud está encaminada a que se limite el uso del principio de oportunidad sólo para un concierto para delinquir general y no con todas esas ampliaciones que permitirían que se genere una lectura equivocada por parte del país.
También calificó de inapropiado que el proyecto contemple una libertad provisional condicionada contra personas judicializadas por delitos de lesa humanidad.
“Una persona que comete un genocidio, una masacre, está condenada a 40 años, hoy lleva ocho años en la cárcel y con la aprobación de esta ley, al momento de que se firmen el acta de sujeción, inmediatamente puede salir de la cárcel”, agregó.
Fuente: Sistema Integrado de Información.
