Judiciales (509)
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Sobre la situación, se pronunció Tatiana Vargas Bulla, extraditable de la cárcel de mujeres El Buen Pastor.
Son 14 extraditables de la cárcel de mujeres El Buen Pastor quienes enviaron una carta al presidente Gustavo Petro en la cual advierten que no les han prestado atención a su interés de participar en una concertación de paz total, además fijan las propuestas que se tienen desde el centro de reclusión.
Por medio de una carta, estas reclusas hicieron un llamado al Gobierno de Gustavo Petro en donde propusieron tres puntos esenciales como agenda de trabajo para “colaborar y buscar estrategias para combatir el conflicto armado”. Y por este motivo Sigue La W dialogó con Tatiana Vargas Bulla, extraditable de la cárcel de mujeres El Buen Pastor, quien explicó el fin de esta carta y sus motivaciones.
Según conoció Sigue La W, de momento a estos grupos de personas extraditables que han alzado la voz pidiendo que los incluyan en el proyecto de ‘Paz Total’, no los han tenido en cuenta.
Por este motivo, Bulla mencionó que “hemos trabajado por este proyecto hace un año para poder hablar con el Gobierno, el alto Comisionado de paz y el ministro de Justicia, y en esta carta se han plasmado tres puntos” con lo que proponen una agenda de trabajo para fortalecer y ayuda a subsanar el conflicto en Colombia.
La agenda de trabajo que se lee en el documento conta principalmente de:
- La trasformación de economías ilegales a unas economías legales sostenibles y respetuosas de la vida y el medio ambiente.
- Inclusión de la Extradición en una ley donde se garantice los derechos y libertades de los colombianos y no sea utilizado como un instrumento político de represión y autoritarismo del gobierno de turno.
- La igualdad y el reconocimiento de nuestro liderazgo positivo en la construcción de país
Sin embargo, fue en el primer punto en donde Bulla se detuvo principalmente y explicó que se ofrece esto como una manera de proyectarse. “Se requiere la voluntad de todos los agentes, así como os ha tenido en cuenta el cannabis y se ha vuelto un producto de salud, busquemos que otros cultivos sean usados para beneficios del ser humano, no podemos desconocer que esas plantas pueden ser beneficiosas para el ser humano, hablamos de proyectarnos a que los cultivos se puedan producir otros productos y hacer útil la vida del campo”, explicó.
Mencionó que parte de esta carta nace de la necesidad de darle un cambio a sus vidas, pues Bulla enfatizó que “necesitamos cambiar, ver las cosas desde otro punto de vista, romper paradigmas y tener nuevas posibilidades para buscar un proceso de paz, consolidarlo y construirlo”.
Dijo, que para precisamente evitar la extradición “ofrecemos los tres puntos del documento” pero que es relevante que con respecto a esto “no se tomen decisiones apresuradas para que se no cuelen narcotraficantes” en el proyecto.
Finalmente expresó que “hemos enviado cartas al Gobierno, al Comisionado, al ministro de Justicia, para que vengan a hablar y se den cuenta de que no somos narcos. Cometimos errores, infringimos la ley, pero no somos narcotraficantes. Somos mujeres que hemos trabajado toda la vida”, expresó
Fuente: W radio.
Hasta el municipio de Chima-Córdoba, llegó el operativo Policial en donde a través de unidades de la Seccional de Investigación Criminal en coordinación con Ejército Nacional, realizó la captura de “ALIAS EL GORDO Y LA NEGRA”, por el delito de tráfico fabricación o porte de estupefacientes.
Los uniformados lograron capturar a los sujetos e incautar más de 400 gramos de estupefacientes representados:
- 30 cigarrillos de marihuana
- 340 gr de base de coca
- Dinero en efectivo 128 mil pesos en diferentes denominaciones.
Según las investigaciones, los estupefacientes serían distribuidos y comercializados en pequeñas cantidades, por lo que los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 22 seccional del municipio de Chinú.
En lo que va corrido del año 2023, el Departamento de Policía Córdoba ha logrado capturar a 42 personas, e incautar 14.513 gramos de estupefacientes (cocaína, base de coca, bazuco y marihuana).
Autoridades verifican panfletos de esa guerrilla dirigidos a contratistas de SierraCol Energy.
En diálogo con el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO) de Arauca, Fray David Amaya, alertó que al menos 500 trabajadores podrían verse afectados por las nuevas amenazas del ELN en esa región llanera.
El panfleto de esa guerrilla, que está siendo verificado por el Ejército y la Policía, está dirigido a los contratistas de la petrolera SierraCol Energy: “Toda actividad de suministro, transporte y demás negocios con esta empresa quedarán suspendidos hasta nueva orden”.
Advierte que la empresa o empleado que desacate esa orden del ELN, “se verá en serios problemas con la organización. No queremos llegar a utilizar la fuerza para atender su atención”, se lee en el panfleto.
El presidente de la USO de Arauca manifestó que las personas no están asistiendo a los complejos petroleros de Caño Limón y Caricare. “Causa zozobra esta situación. Se le ha manifestado a la administración de SierraCol, que ya dio la directriz de no hacer movimiento de personal a la zona hasta tanto no se tenga certeza de ese panfleto”, indicó.
Amaya hizo un llamado a los contratistas a no exponer a sus empleados. También pidió a los grupos armados respetar la vida e integridad de los trabajadores de los campos petroleros, que son una de las principales fuentes de ingresos para la comunidad.
Esta situación se suma a la parálisis de las operaciones de la multinacional canadiense Parex en Arauca por una situación similar: extorsiones y amenazas de muerte a sus directivos y contratistas en Arauca por parte de esa guerrilla.
Justamente, Caracol Radio conoció un reporte de las autoridades en el que se contabilizaron 11 acciones ilegales del ELN durante el mes de enero, en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia, Nariño, Chocó, Arauca y Cauca.
Se registraron ataques contra la Fuerza Pública, combates con el Clan del Golfo y Disidencias FARC que han generado confinamiento de las comunidades, restricciones a la movilidad a Juntas de Acción Comunal y retenes ilegales.
Fuente: Caracol radio.
Unidades del Ejército y La Policía Nacional, incautaron un millonario cargamento de cocaína y la captura en flagrancia de quien sería el coordinador de esta mercancía, supuestamente del Clan del Golfo.
Esta acción de la fuerza pública se dio en el corregimiento de Caucheras del municipio de Mutatá, en el lugar también se encontró un revolver, abundante munición de diferentes calibres, 100 litros de ácido sulfúrico, equipos de comunicación y otros elementos.
El fiscal general Francisco Barbosa Delgado dio a conocer los ejes principales que tendría que tener el proyecto de sometimiento que sería llevado al Congreso en los próximos días para que avancen las negociaciones con los miembros de las redes criminales asociadas al narcotráfico.
Barbosa Delgado señaló que del tema se habló en la reunión de dos horas que tuvo con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño.
El jefe del ente acusador dijo que por ejemplo no está de acuerdo con la «elegibilidad política. No podemos repetir lo de Mancuso yendo al Congreso de la República hace 15 años, ni los Berna».
Así las cosas, los representantes de las bandas además de tener que pagar cárcel efectiva y recibir condenas diferenciadas no podrían aspirar a cargos de elección popular.
Afirmó que los integrantes de esas redes criminales asociados al narcotráfico deben entregar sus rutas, bienes y en general garantizar el desmantelamiento de sus organizaciones.
Sostuvo que el presidente Petro le mencionó que esas redes deben confesar y delatar a sus socios que permanecen ocultos y «decir quiénes son los invisibles. los empresarios y personas que se están lucrando de esos negocios del narcotráfico».
Barbosa Delgado indicó que le manifestó al presidente su apoyo a esa propuesta y le señaló que tenía que incluirse en el proyecto de sometimiento.
«No se puede dar tratamiento de proceso de paz a un sometimiento a la justicia», dijo el funcionario tras señalar que «la paz implica justicia transicional con la guerrilla y sometimiento con las organizaciones criminales».
Añadió que en el proceso debe existir verdad, justicia y reparación para las víctimas.
Frente a la extradición el funcionario sostuvo que la Constitución y el Código de Procedimiento penal hoy tienen unas funciones asignadas al gobierno, en cabeza del presidente Petro y otras a la Fiscalía y que cualquier modificación debe ir al Congreso.
«Acompañamos el modelo de ‘paz total’ en el marco de unos límites que no los impone el fiscal, sino que los impone la Constitución». añadió.
Fuente: El tiempo.
El senador del Partido Verde y quien será ponente de esta iniciativa en el Congreso dijo que esperan tener aprobado el proyecto para el mes de abril.
Además de las negociaciones con grupos armados como el ELN, el Gobierno nacional apostará, dentro de la Paz total, por dar fin al conflicto también con las bandas criminales. Allí será clave el proyecto de ley de sometimiento, que ha revelado el senador y ponente Ariel Ávila, estaría listo para mediados o finales de febrero.
“Vamos a comenzar desde esta misma semana reuniones, y aspiramos a tener en dos o tres semanas la ley de sometimiento, que se va a llamar Ley de responsabilidad de aceptabilidad penal, para que nosotros podamos presentársela al Congreso y tenerla aprobada hacia abril”, afirmó el congresista que será ponente de la iniciativa durante su trámite en Senado.
Frente a las demoras en la radicación del texto, Ávila comentó que “más que puntos que no hayamos logrado acordar, lo que se trata es de saber cómo lo planteamos en la ley. Lo primero es la aritmética de las penas, si eso debe quedar en una ley desde ya o si debe ir en una segunda parte de la ley, a finales de este año; lo segundo es obviamente saber el tema de las riquezas, y lo tercero los mecanismos de contrastación, es decir, que si un ilegal, un narcotraficante dice verdades sobre los temas de víctimas, rutas y entrega bienes, saber que no está ocultando más”.
El congresista, que asistió a Palacio a una reunión sobre el Plan Nacional de Desarrollo con el director del DAPRE Mauricio Lizcano, también aprovechó para hacer algunos cuestionamientos en materia de Paz. “Le pedimos al presidente que sea ágil en nombrar los equipos negociadores para el tema de organizaciones criminales de alto impacto, y para los temas de disidencias; pedirle al comisionado que se dedique o a negociar o las mesas y ser asistencia técnica, pero no ambas cosas”.
A propósito del comisionado, el fin de semana denunció un posible cartel de abogados que estarían buscando colar a narcos en la Paz total. Sobre ese tema el senador Ávila hizo un llamado al fiscal general Francisco Barbosa: “que vaya hasta las últimas consecuencias y averigüe si es cierto que hay abogados pidiendo recursos económicos, porque eso le hace mucho daño al proceso de Paz; y si es así, que se pudran en la cárcel esos abogados”.
Fuente: Caracol radio.
Entre las víctimas de la masacre en Barranquilla se encontraba un policía que se encontraba de vacaciones. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 80 millones de pesos.
En tragedia terminó una noche de disfrute para un grupo de amigos que estaban viendo el debut de Juan Fernando Quintero en la liga profesional colombiana con la camiseta del junior ante el deportivo Medellín, pues cuando ya estaba el partido en los últimos diez minutos, cuatro hombres irrumpieron a los aficionados que estaban ubicados en la terraza de la tienda y estadero Abastos de la 8, en el suroccidente de Barranquilla, para disparar contra un grupo de seis personas que estaban en primera fila, en proximidad al televisor que reproducía el partido.
Los testigos hablan de una lluvia de disparos que habría sido apoyada por un quinto hombre que llevaba varios minutos tomando en el sitio, quien quizás estaba ubicando a las víctimas e informando a los atacantes que estaban rondando el sitio en motocicletas.
Las mesas se convirtieron en escudos ante los disparos y es que varios de las más de 50 personas que se encontraban allí, solo encontraron refugio entre las sillas, pues el ataque duró algo más de un minuto y temían ser alcanzados por una bala perdida, dado que los disparos eran dirigidos solo hacia el grupo que estaba en primera fila.
Cuando las balas cesaron, los que estaban en el sitio corrieron a auxiliar a cuatro hombres que yacían en el suelo mientras se desangraban, quienes segundos después quedaron sin signos vitales. A su vez fueron socorridas seis personas más, entre estas una mujer de 22 años y un adulto mayor de 78 años, quienes de inmediato recibieron atención médica en centros asistenciales del sector.
Por el momento la Policía no tiene pistas de lo sucedido, solo se sabe que este ataque ocurrió en una zona asediada por bandas extorsionistas y que uno de los fallecidos es un policía activo, que estaba de vacaciones y disfrutando con unos amigos.
Este fue identificado como Reinaldo José Orozco Picalúa; mientras que las otras víctimas mortales como Javier Andrés Guevara Correa, Ever José Lizama Melgarejo y Ronald José Zabala Sarmiento.
El general Jorge Urquijo, comandante de la policía de Barranquilla, habla de la recompensa que ofrecen a quien entregue más información
“La Policía Metropolitana de Barranquilla y la Alcaldía Distrital ofrecen una recompensa de hasta 80 millones de pesos a quien brinde información que permita el esclarecimiento de los hechos ocurridos la noche de este domingo en el barrio El Santuario, de Barranquilla, en el que cuatro perdieron la vida y otras más resultaron lesionadas. Tan pronto se tuvo conocimiento del caso, se dispuso de un equipo interdisciplinario para que, en conjunto con la Fiscalía, desarrollara las investigaciones pertinentes”, indicó el alto oficial.
A esta hora, la zona en la que se registró la masacre se encuentra custodiada por la Policía, mientras que ya fue convocado un consejo de seguridad para las 6:30 de la mañana en las instalaciones de la Alcaldía, para evaluar nuevas acciones ante lo ocurrido.
La concesión Ruta al Mar ha expresado públicamente su preocupación por las amenazas de quema de la caseta del peaje en La Caimanera, ubicada entre los municipios de Tolú y Coveñas en el departamento de Sucre.
Manuel Raigozo, gerente general de la concesión, explicó que las comunidades están exigiendo el retiro de la caseta del peaje a más tardar este 28 de enero, a pesar de los compromisos adquiridos con la Agencia Nacional de Infraestructura de no cobrar tarifa a los vehículos de categoría 1 y 2, es decir, carros particulares y buses, para no afectar el flujo de turistas.
Desde el comité amenazaron con las vías de hecho si para el 28 de enero no se desmontaba la caseta del peaje La Caimanera, situación que hace temer a la concesión Ruta al Mar por la seguridad de sus funcionarios y operadores.
Según Raigozo, actualmente solo están pagando tarifa de peaje en La Caimanera los vehículos de carga pesada que hacen tránsito por esta importante vía nacional, recursos que son esenciales para la operatividad de la concesión y del resto de obras a su cargo.
El gerente general sostuvo que el argumento de las comunidades de la afectación al turismo ya fue atendido, pues precisamente a los turistas y visitantes que arriban al municipio no se les está cobrando el paso por la caseta del peaje. Por ello, solicitó comprensión por la situación actual.
Raigozo explicó que la ANI se comprometió a reubicar esta caseta de peaje, no obstante, han solicitado un plazo adicional para determinar el punto exacto donde se ubique, sin perjuicio para el resto de las comunidades.
El gerente general aclaró igualmente que aún con la reubicación se mantendrá el compromiso de no cobrar el peaje a los vehículos de categoría 1 y 2, esencialmente turistas que se movilizan por esta zona.
La Policía Metropolitana de Cúcuta, a través de diligencia de allanamiento y registro capturo en flagrancia a un hombre conocido como “Megateo” presunto integrante de “Los Pelusos” por los delitos de porte ilegal de armas de fuego.
La captura se llevó a cabo tras un allanamiento realizado por parte de unidades adscritas al Grupo de Acción Unificada por la libertad Personal (GAULA), en coordinación con la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL), el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y la Fiscalía 11 especializada GAULA de Cúcuta en el barrio El Salado, durante la inspección, los uniformados hallaron 02 armas de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros 03 proveedores, 48 cartuchos calibré 9 milímetros, 03 equipos móviles celulares y 298 tarjetas débito.
La Policía Nacional realizará las investigaciones pertinentes para determinar el origen de las tarjetas débito y cuál sería su utilización dentro de la estructura criminal. “Megateo” quien responde al nombre de Hernando Duarte Arias, presuntamente haría parte del GAOr “Los Pelusos” y sería el encargado de coordinar el cobro de cuotas extorsivas en el área metropolitana de Cúcuta, especialmente a mineros del municipio de El Zulia, además estaría vinculado con la incineración de vehículos tipo volqueta en el año 2022 en el sector de la Ye de Astilleros del municipio de El Zulia, igualmente pretendía expandir su accionar criminal en el área metropolitana con el propósito de tener el control total del microtráfico y las extorsiones.
Hernando Duarte Arias fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, después de ser escuchado en audiencia pública, un juez de control de garantías le dicto medida de aseguramiento intramural consistente en detención preventiva de la libertad en centro penitenciario y carcelario para que responda por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
