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Judiciales

Judiciales (509)

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La denuncia penal también se extendió al director de la Policía, general Henry Sanabria.

Ante la Fiscalía General de la Nación fue presentada una denuncia penal en contra de los ministros de Defensa, Iván Velásquez y el Director de la Policía, general Henry Sanabria, por los hechos ocurridos en Caquetá en donde un uniformado murió y otros 78 policías fueron secuestrados y agredidos por la Guardia Campesina de la región.

La acción judicial fue instaurada por el representante del Centro Democrático Óscar Villamizar, quien consideró que estos funcionarios pudieron haber cometido varias faltas por no intervenir a tiempo en esta situación y evitar esos hechos de violencia.

Según Villamizar, la denuncia es “por la presunta comisión de los delitos de prevaricato por omisión, omisión de socorro, omisión de apoyo, homicidio agravado en modalidad de comisión por omisión, secuestro extorsivo agravado en modalidad de comisión por omisión, así como otras conductas punibles que se puedan derivar de los hechos ocasionados en San Vicente del Caguán y la falta de operatividad que ha tenido la Policía en los últimos meses”.

“Ellos tienen que cumplir unas funciones constitucionales que hoy vemos que no se están cumpliendo. La omisión de esas funciones es lo que genera la posible comisión de estos delitos”, agregó el político.

Adicionalmente, el congresista uribista advirtió que es muy grave lo que está sucediendo con el Clan del Golfo, cuyo accionar delictivo está afectando a la población de todo el país.

“La falta de operaciones en contra del Clan del Golfo están afectando la seguridad de Colombia; una falta de operaciones que se basó en un decreto que dijo el director de la Policía que existía y que hoy ya no existe. Con derecho de petición en la mano, hemos solicitado el decreto en el que se dice que no debe haber operaciones en contra del Clan del Golfo y no nos han entregado ese decreto, nos responden que no existe”, dijo.

En el Congreso de la República también se está preparando un debate de control político para que el ministro de Defensa y el director de la Policía entreguen explicaciones sobre las actuaciones del Gobierno y las autoridades durante el conflicto que se presentó en San Vicente del Caguán, con la retención de los uniformados por parte de los campesinos de la zona.

Fuente: Sistema Integrado de Información

 

 

En el municipio de Sahagún-Córdoba. Unidades del GAULA, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, realizaron la captura por orden judicial de un hombre y una mujer, presuntamente conocidos con los alias de "La Mona” y" El Carpintero".

 

La actividad de policía se materializó luego de intensas labores de inteligencia e investigación adelantadas durante varios meses, logrando ser capturados por concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, delitos que afectan la seguridad personal.

 

De acuerdo con las investigaciones, alias “La Mona” y "El Carpintero" al parecer son integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Además, estarían vinculados a procesos investigativos, desde el pasado mes de agosto de 2022, por el cobro de cuotas extorsivas y labores de inteligencia a ganaderos, comerciantes y finqueros del municipio de Sahagún.

 

Finalmente, alias ‘La Mona” y "El Carpintero" fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, ante la cual tendrán que responder por los delitos que se les acusan.

 

Entre las víctimas está una pequeña de solo dos añitos que término inconsciente en medio de las agresiones.

En las últimas horas las a utoridades confirmaron la captura de una pareja que amarraba, golpeaba, escupía y bañaba con agua fria a tres pequeños en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá.

Una de las víctimas es una niña de tan solo dos años que tuvo que ser trasladada el pasado 13 de febrero al servicio de urgencias del Hospital de Kennedy; la niña presentaba varios hematomas y fracturas en distintas partes de su cuerpo.

Los otros menores agredidos son dos niños de cinco y siete años de edad. En total, la madre y su compañero sentimental estaban a cargo del cuidado de siete niños.

"La Fiscalía puso en evidencia un reprochable caso de violencia intrafamiliar en #Bogotá, en el que una mujer, en compañía de su compañero sentimental, presuntamente golpeaba, lanzaba agua fría, escupía, amarraba del techo y agredía a tres de sus siete hijos menores", tuiteó el ente investigador.

Tras el seguimiento al caso, las autoridades determinaron que la pequeña terminó inconsciente tras recibir una fuerte patada en su cabecita y por esa razón fue llevada al hospital. Además, se conoció que el hombre no era el padre biológico de los menores.

La denuncia fue realizada por el padre de los tres niños tras las recurrentes torturas a las que estaban expuestos.

La Fiscalía presentó a la pareja ante un juez de control de garantías, y les imputó los delitos de tentativa de homicidio y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas.

 
El alijo fue incautado por tropas del Ejército y la Policía en zona rural de Inzá, Cauca. Al parecer pertenecería al grupo armado organizado residual Dagoberto Ramos Ortíz.
 
Las más de dos toneladas de marihuana serían comercializada en el Ecuador y desde ahí distribuida a países de Suramérica.
 
Tropas de la XIX Brigada llegaron mediante infiltración, hasta la vereda Córdoba, en el municipio de Inzá, Cauca. En este lugar se ubicaron 73 costales que contenían aproximadamente 2300 kilogramos de marihuana tipo creepy. Según inteligencia militar, el cargamento sería tranladado hacía el Ecuador, y posteriormente a Perú y Bolivia. Se calcula que esta droga estaría avaluada en más de mil millones de pesos colombianos.



A 14 millas náuticas, en el mar Caribe, frente al Cabo de la Vela, la Armada Nacional interceptó una lancha rápida con 598 kilos de cocaína.
La pequeña embarcación era tripulada por dos dominicanos y un venezolano. El navío abandonaba Colombia para llevar la droga a las islas del Caribe.

En las últimas horas, en el barrio el alivio de la capital cordobesa, se dio con la captura de un sujeto por el delito de tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

La acción operativa se llevó a cabo en la madrugada del día de hoy, momentos en que los uniformados son alertados por una llamada al número del cuadrante, alertándolos de una persona con actitud sospechosa y que al parecer no es del sector, la patrulla del cuadrante acude al sitio y ubica al sujeto con las características aportadas por la ciudadanía, al practicarle un registro se le encuentra en la pretina del pantalón 01 arma de fuego tipo revólver, al indagarle por los documentos de la misma, manifiesta no tenerlos. 

Inmediatamente se le dieron a conocer los derechos como persona capturada y es dejado a disposición de la fiscalía general de la nación donde deberá responder por el delito de tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

 
Un juez de Conocimiento sentenció a 10 años de cárcel a Eladio Córdoba Gómez, de 64 años, por atentar contra la vida de Leidy Viviana Loaiza Colorado, de 29, en Pereira (Risaralda).
 
 
“La evidencia presentada por un fiscal de la Seccional Risaralda bastó para que un juez de Conocimiento sentenciara a Córdoba Gómez. Los hechos investigados ocurrieron 4 de mayo de 2022 en la zona céntrica de la capital risaraldense donde, tras una discusión entre la víctima y el agresor, este último la agredió con un arma cortopunzante”, dijo la Fiscalía en un comunicado.
 
 
Según la investigación, el ataque por parte del ahora condenado se produjo porque esta se negó a sostener relaciones íntimas con él. Le propinó unas cinco cuchilladas en la espalda y estuvo varios días en UCI.
 
 
El hombre fue capturado en flagrancia y presentado ante un juez con función de Control de Garantías, quien lo privó de la libertad en centro carcelario por tentativa de feminicidio.
 
 
El condenado es natural de Chocó y, al parecer, no tenía ninguna relación o cercanía con la mujer que, según medios de esa zona del país, trabajaba en un establecimiento del centro de Pereira con una hermana.
Fuente: El Universal.
 
Este hombre, según la Fiscalía, era el que custodiaba la droga decomisada, cuya cantidad era suficiente para abastecer a más de 354.000 personas.
 
 
Gabriel Donado Lafaurie, el vigilante de 30 años al que capturaron esta semana en una casa del barrio Chiquinquirá de Barranquilla donde almacenaban cerca de 400 kilos cocaína y 48 armas de fuego, no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía, pero un juez accedió a la petición del ente acusador y lo envió a la penitenciaría El Bosque mientras avanza el juicio en su contra.
 
 
A esta persona le imputaron los delitos de tráfico y/o porte de estupefacientes agravado en concurso heterogéneo con fabricación, porte de armas de fuego y destinación ilícita de muebles e inmuebles para almacenar todo tipo de estupefacientes, según se detalló en la audiencia preliminar.
 
 
Mientras imputaban estos cargos, el fiscal del caso llamó la atención en la alta cantidad de cocaína incautada, pues 350 kilos estaban en panelas y otros 50 kilos estaban empacados en bolsitas de un gramo, listas para su distribución, aduciendo que podrían abastecer, incluso, a más de 354.000 personas.
 
 
"Gabriel Enrique Donado Lafaurie almacenaba sustancia tipo clorhidrato de cocaína, en promedio, para alrededor de 354.000 personas. Es decir, que Donado Lafaurie podía suministrarle el estupefaciente a todo el estadio Metropolitano de Barranquilla, bajo lleno total, unas cuatro o cinco veces", puntualizó el fiscal encargado del caso.
Fuente: Blu radio.
 
En 2023, en la ciudad se han reportado siete homicidios de mujeres, de los cuales dos se han catalogado como feminicidios.
 
Con aval de un juez, el hombre, identificado como Carlos Andrés Rivera Ruiz, fue incluido en el cartel de los más buscados y se espera su pronta captura para evitar más víctimas.
 
Asimismo, se ofrece una recompensa de hasta $200 millones por información que permita dar con su localización, informaron desde la Secretaría de Seguridad.
 
Estas acciones forman parte de la estrategia de las autoridades de Medellín para esclarecer, atender y prevenir casos de feminicidios, para lo cual hay una articulación entre Alcaldía, Policía, Fiscalía y otras entidades.
 
Por el momento, sobre el presunto feminicida serial se sabe, de acuerdo con las autoridades, que los cuerpos de dos de sus posibles víctimas fueron halladas en el lecho del río Medellín. Asimismo, podría haber otras mujeres asesinadas por este sujeto.
 
El secretario de Seguridad José Gerardo Acevedo indicó, además, que el hermano del presunto feminicida tendría una condena por abuso sexual contra mujeres. “Anunciamos esta recompensa por este feminicida. Esperamos que no mueran otras mujeres por la acción de este feminicida en serie que tenemos suelto”, dijo el secretario.
 
Siete homicidios de mujeres en Medellín, en 2023
 
En el transcurso de este 2023 se han reportado en Medellín siete asesinatos de mujeres, de los cuales dos han sido catalogados como feminicidios, uno está en estudio y cuatro son investigados por las autoridades judiciales. En el mismo periodo del año pasado, es decir, entre el 1 de enero y el 9 de marzo, se registraron seis homicidios de mujeres en la ciudad.
En total en el año 2022 fueron asesinadas 26 mujeres, siete casos fueron catalogados como feminicidios y fueron esclarecidos en el 100%.
Entre los casos de este año, de acuerdo con el director seccional de Fiscalías de Medellín Ricardo Romero, se imputó por feminicidio agravado al presunto responsable de asesinar a una mujer de 26 años, el pasado 2 de marzo en el barrio Doce de Octubre. El hombre está privado de la libertad.
El coronel Henry Bello, comandante operativo de la Policía Metropolitana, explicó que la estrategia para esclarecer estos hechos cuenta con mesas de trabajo en las que participan la Fiscalía, investigadores del CTI y la Policía Nacional.
 
Además, se ha fortalecido la tarea, informaron, para prevenir feminicidios, a partir de un adecuado abordaje de los casos de distintas violencias que se presentan contra las mujeres, así como actividades de prevención y acompañamiento a las mujeres, por medio de equipos de la Secretaría de las Mujeres, que cuentan con abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales expertas en género.
 
“Normalmente, y es muy triste y muy grave, estos delitos son cometidos por las personas más cercanas y quienes más deberían cuidarnos: nuestras parejas o exparejas, padres y hermanos.
 
Muchas veces observamos violencia sexual, previa al feminicidio o posterior. Estos son algunos de los elementos que tenemos en cuenta a la hora de clasificar los feminicidios”, expresó la secretaria de las Mujeres Angélica María Ortiz.
 
La secretaria también dijo que desde su dependencia dan herramientas para que las autoridades competentes clasifiquen estos casos. Aunque hoy solo dos de los siete han sido catalogados como feminicidios, para Ortiz hay indicios de que estos serían seis de los siete. Y fue enfática en decir que las mujeres trans también son muy importantes en estas estrategias de protección de derechos.
 
¿Qué se evalúa para clasificar un homicidio?
 
La secretaria Ortiz dijo que entre los elementos que se pueden tener en cuenta para clasificar un feminicidio están: identificar quién lo cometió, pues casi siempre son personas cercanas; analizar cómo se cometió, pues muchas veces hay violencia sevicia o violencia sexual antes o después del asesinato; determinar cómo fue tratado el cuerpo, pues muchas veces se busca humillar o causar vejámenes que también buscan intimidar a otras mujeres; establecer si se dio en contextos de guerra o conflicto armado, pues en ocasiones los actores armados instrumentalizan a las mujeres para afectar a sus contrincantes.
 
Por ello, las recompensas de hasta $200 millones no solo se aplican para el caso del presunto feminicida serial, sino para todos los casos de este grave delito: crímenes de género y contra población LGBTIQ+.
 
Cualquier información sobre Carlos Andrés Rivera Ruiz puede entregarse a través de las líneas de emergencia 123 y 122, en las líneas seguras 318 532 40 17, 304 628 93 47 y 304 628 93 39 o en los correos electrónicos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. y This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Fuente: El colombiano.


El abogado Miguel Ángel del Río dijo en Mañanas Blu que la excongresista Aida Merlano corre riesgo en una cárcel ordinaria y por eso solicitará ser trasladada a un batallón.

El abogado Miguel Ángel del Río, quien representa a Aida Merlano, la excongresista que llega este vienes a Colombia tras ser deportada de Venezuela , país al que huyó luego de escaparse en una cita odontológica en el norte de Bogotá en 2019, dijo que pedirá reclusión especial para su defendida.

¨No es preferencial, es diferencial. Un espacio donde ella no tenga tanto acceso al personal interno del establecimiento carcelario, fundamentalmente por un tema de seguridad. Lo definirá finalmente el Gobierno, el Instituto Nacional Penitenciario, dadas las condiciones que ella tiene. Lo que hicimos fue la solicitud pertinente, que el Gobierno decida qué es lo más adecuado dentro de esa solicitud diferencial”.

A la pregunta de quién estaría interesado en que la excongresista Merlano no hable, Del Río señaló que hay muchos involucrados de la costa norte del país, que temen a lo que pueda decir ante la justicia colombiana.

“La familia Char , fundamentalmente, que ha sido la destinataria de las denuncias. Ellos están detrás, primero, de la fuga, segundo, de su intento de homicidio”, puntualizó el abogado, quien declaró que es falsa la teoría que dice que Merlano no ha entregado pruebas de sus denuncias por compras de votos.

“Si no hubiese aportado pruebas, Arturo Char no hubiera sido llamado a indagatoria. Julio Gerlén está a puertas de una condena. Entonces, esas mafias del Caribe, fundamentalmente encabezados por la familia Char, deben estar en este momento inquietas e incómodas”, indicó.

Respecto al rumor de que Aida Merlano la traen a Colombia para tapar el caso Nicolás Petro, involucrado en un escándalo por, aparentemente, recibir dinero de cuestionados personajes para la campaña política de su papá, Del Río dijo que eso es completamente falso.

“No, no tiene ningún sentido, por una razón además obvia.

Nosotros, desde yo mismo he advertido desde hace pocos meses, que Aida no se demoraría mucho en venir. Entonces me parece que es el momento idóneo, es el momento adecuado. Estábamos esperando el visto bueno de Venezuela, y este finalmente se dio, la solicitud ya se había hecho. Entonces, aquí no podríamos establecer que el Gobierno colombiano intenta, a través de una cortina de humo, tapar otro escándalo”, puntualizó.
Fuente; Blu radio.

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Somos un medio de comunicación digital multiplataforma, 

al servicio del medio ambiente y el cuidado animal.

 

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