Judiciales (509)
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La entidad también sancionó con destitución por 9 y 8 años a tres exsecretarios de desarrollo de la Salud del departamento.
En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, y a otros exfuncionarios por irregularidades en contratación de servicios de salud.
Esta sanción se deriva de la omisión en el control y vigilancia de la actividad contractual delegada durante su mandato, lo que resultó en el pago por un monto considerable sin la debida celebración de acuerdos de voluntades con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).
El comunicado de la Procuraduría revela que se pagaron la cifra de $7.886.574.000 por servicios de neurorrehabilitación sin contar con los acuerdos legales necesarios con diversas IPS, con el agravante de que estos servicios se dirigían a la población de bajos recursos no cubierta por el Plan Obligatorio de Salud (POS). El fallo establece que esta omisión fue responsabilidad directa del exgobernador de Córdoba Lyons Muskus, quien no supervisó adecuadamente las facultades delegadas a sus exsecretarios de Desarrollo de Salud.
Además de la sanción a Lyons Muskus, la Procuraduría también destituyó e inhabilitó a otros exfuncionarios involucrados en el caso. Alexis José Gaines Acuña y Alfredo José Aruachán enfrentarán una sanción de 9 años de inhabilidad general, mientras que Edwin de Jesús Preciado será inhabilitado por 8 años.
El órgano disciplinario también subraya las acciones de los exsecretarios de Salud en los años 2014 y 2015. Gaines Acuña ordenó el pago de servicios de rehabilitación en salud por un total de $1.193.930.000 sin contar con previos negocios jurídicos. Aruachán Narváez, por su parte, emitió diez actos administrativos que resultaron en pagos cercanos a los $6.064.044.000 a favor de diferentes IPS, todo esto sin un proceso contractual adecuado.
La Procuraduría determinó que estas acciones violaron los principios de economía y responsabilidad en el ejercicio de las funciones de contratación y gasto. Además, calificó las faltas como gravísimas, a título de culpa gravísima. La decisión final incluye el envío de copias del fallo a la Fiscalía General de la Nación debido a actuaciones que podrían carecer de veracidad.
El exgobernador Lyons Muskus y los demás funcionarios sancionados tienen la posibilidad de apelar esta decisión ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la entidad.
Es señalado de adquirir fusiles y otro tipo de armas, a través de los combos y otras estructuras delictivas. Al parecer, a cambio del material entregaba pasta de coca y otros estupefacientes.
La labor investigativa de la Fiscalía General de la Nación y el trabajo articulado con la Policía Nacional permitieron identificar a John Esneyder Agudelo Saldarriaga, alias El Gordo, uno de los presuntos mayores traficantes de armas para las disidencias del frente 36 de las Farc.
Este hombre sería el responsable de comprar fusiles y pistolas a los denominados combos y otras estructuras que delinquen en Medellín (Antioquia) y su área metropolitana. Los elementos de prueba indican que como pago entregaba pasta de coca y otras sustancias ilícitas que eran procesadas y posteriormente vendidas al menudeo.
Luego de conseguir las armas, ‘El Gordo’ presuntamente las entregaba directamente a Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Cabuyo, cabecilla principal de las disidencias del frente 36 de las Farc, que tienen injerencia en Briceño, Ituango, Yarumal, Angostura, Campamento, Guadalupe, Amalfi y Anorí (Antioquia).
En un procedimiento realizado a finales de 2022, la Fiscalía se incautó de varios celulares que pertenecerían a alias El Gordo y ponían en evidencia las maniobras y rutas utilizadas para conseguir el armamento. Con esa información se realizaron varias actividades de policía judicial hasta lograr su captura en Sabaneta (Antioquia).
Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de: concierto para delinquir agravado; financiación al terrorismo; fabricación, tráfico, porte de armas de fuego o municiones de uso personal; y fabricación, tráfico, porte de armas, municiones de uso restringido de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. El investigado no aceptó cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Luz Fabiola Rubiano emitió insultos racistas en contra de la vicepresidente durante una marcha de la oposición el año pasado.
Un juzgado de Bogotá emitió fallo condenatorio en contra de Luz Fabiola Rubiano. Una mujer mayor que el año pasado, en medio de una manifestación de la oposición, insultó a la vicepresidente Francia Márquez. Rubiano utilizó todo tipo de descalificaciones con el agravante de racismo.
Este lamentable y bochornoso hecho se dio el 26 de septiembre de 2022, cuando miles de ciudadanos inconformes con el gobierno entrante del presidente Petro se manifestaron en contra de las reformas presentadas en el Congreso de la República.
Fue entonces cuando Luz Fabiola Rubiano apareció en un video que se viralizó en redes sociales. Allí arremetió fuertemente contra Márquez, quien inmediatamente tomó acciones legales en su contra.
El mismo presidente Petro se refirió a las palabras humillantes de esta mujer, asegurando que: “Este odio racista es irracional, es decir se aleja de todo conocimiento racional humano. Pero con él hacen política. Con él condenaron en 1933 a toda la humanidad a un desastre”.
La imputación de cargos que hizo la Fiscalía fueron discriminación y hostigamiento agravado. Los cuales aceptó.
Vale la pena también recalcar que, en este proceso, se intentó llevar a cabo la conciliación, sin embargo, Márquez afirmó que: “En este caso yo ya no voy a hacer una conciliación, porque efectivamente me di cuenta que conciliar y colocarle a que se retracte no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo en una conducta delictiva como es el odio racial”.
¿Irá a la cárcel?
El próximo 11 de septiembre se llevará a cabo una nueva audiencia en la que se emitirá la condena. De acuerdo con Noticias Caracol, el ente acusador pediría alrededor de 3 años y medio de prisión, sin embargo, estos podrían ser excarcelables pagando una multa.
El excomandante paramilitar y antiguo jefe del Clan del Golfo, será interrogado inicialmente por el caso Unión Patriótica y por falsos positivos.
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a rendir testimonio reservado desde Estados Unidos al excomandante del Clan del Golfo condenado por narcotráfico, Dairo Úsuga ‘Otoniel’, e inició el trámite diplomático para adelantar la diligencia.
La magistratura definió citar al excomandante paramilitar para ser interrogado, en lo que es su primer llamamiento tras su extradición, por el caso Unión Patriótica y el caso de los falsos positivos, debido a su conocimiento en dichos crímenes, por cuenta de su pasado en las AUC y otras estructuras armadas.
“Se hace necesario decretar este testimonio, atendiendo a que, si bien el señor Úsuga David fue escuchado previamente por el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga en el marco de la instrucción del caso 03, no se pudieron agotar todos los temas sobre los que el referido testigo puede aportar, entre otras cosas porque fue extraditado de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Ejecutiva”.
Además, se hizo mención al interés que tendría la magistratura de seguir escuchándolo sobre distintos temas, algunos tocados ya, como la falsa desmovilización del EPL en el año 1996, en la cual Úsuga participó al pasar de esa guerrilla a convertirse en integrante de las Autodefensas.
También por su papel como excomandante paramilitar del Bloque Centauros de las AUC en los llanos orientales frente a asuntos como la victimización de la Unión Patriótica. Todo lo anteriormente mencionado, se abordará en absoluta reserva entre los jueces y el testigo ‘Otoniel’.
“La reserva del testimonio del señor Dairo Úsuga David se fundamenta en que “la administración de justicia debe orientarse hacia la acción sin daño. Lo cual se traduce, al menos en parte, en que la configuración sustancial, pero también procedimental de la [JEP], debe servir para neutralizar cualquier asomo de revictimización” concluyeron.
Así las cosas, la magistratura ordenó enviar una carta rogatoria desde las autoridades colombianas al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que permita la diligencia, y se concreten todos los asuntos para su realización. (no se estableció si la metodología sería de forma virtual con “Otoniel” conectado por medios electrónicos o los jueces viajando presencialmente hasta la prisión federal Florence donde está recluido).
Fuente: W radio.
Según la investigación este sujeto habría desnudado a la menor para realizarle tocamientos libidinosos. Una docente fue quien alertó a las autoridades.
Las pruebas presentadas por una fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual, fue suficiente para que un juez cobijara con medida de aseguramiento intramural a un hombre de 42 años de edad por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.
Al interior del expediente se estableció que el imputado habría realizado de manera repetitiva actos sexuales diversos del acceso carnal en la integridad de su sobrina política, de 8 años de edad, consistentes en tocamientos libidinosos cuando ésta salía del baño.
Los hechos materia de investigación se presentaron en el barrio Villa Cielo de Montería desde enero hasta mayo del año en curso.
Una profesora del colegio donde estudia la menor fue la que advirtió a las autoridades del hecho al notar comportamientos inusuales en la menor.
Funcionarios de la Sijín de la Policía Nacional materializaron la orden de captura en contra del indiciado en capital cordobesa.
Un juez promiscuo municipal de Los Córdoba lo envió a prisión luego de que éste no aceptara los cargos imputados.
Los dispositivos son de alias “Uriel” y alias “Fabian” y serían un elemento para investigar la planeación del presunto atentado contra el Fiscal General
La Vicefiscal General de la Nación, Martha Mancera, confirmó que la Dijin de la Policía Nacional tiene en su poder dos computadores, los cuales pertenecen a integrantes del ELN, específicamente de alias “Uriel” y alias “Fabian”, y cuyo contenido estaría relacionado con los movimientos y planeación criminal de esta guerrila
“Son dispositivos de dos personas de mucha relevancia dentro del ELN, una de ellas alias ‘Uriel’ y otra es ‘Fabián’. Son dos computadores que dieron muchas luces de lo que es cómo se ejecutan los hechos delictivos por parte del ELN. Recuerden, todo lo que hace la Fiscalía General son metodologías de investigación soportadas sobre evidencia de dispositivos”, indicó la Vicefiscal Mancera
Del mismo modo, señaló que solicitaron una nueva verificación para establecer patrones de comportamiento delictivos del ELN y de la relación que tiene con la investigación que se adelanta en el caso de planeación de atentar contra el Fiscal General, Francisco Barbosa, varias figuras públicas y entidades ubicadas en Bogotá.
Fuente: Caracol radio
En acciones de registro y control llevadas a cabo por el Grupo de Carabineros y Guías Caninos, se logró la captura de un individuo de 36 años en la terminal de transportes terrestres de la ciudad de Montería, en relación con actividades ilícitas relacionadas con estupefacientes.
El canino de nombre 'Nissa', especializado en la detección de sustancias prohibidas, efectuó un minucioso registro y control en las instalaciones de la terminal de transportes. Como resultado de esta diligente acción, se procedió a la detención del mencionado individuo, cuya identidad aún no ha sido revelada por las autoridades.
Durante el registro, se incautó una bolsa plástica de color transparente, la cual contenía en su interior una sustancia vegetal. Por su característico olor, color y textura, se presume que esta sustancia es similar a la marihuana. La cantidad incautada se estima en aproximadamente 2472 gramos, evidenciando una clara intención de tráfico de estupefacientes.
El alto tribunal señaló que el excongresista pidió sobornos a cambio asignar cupos indicativos en municipios en el departamento Bolívar y Córdoba. El excongresista de Opción Ciudadana es ficha política de la condenada empresaria del chance Enilce López, alias “La Gata”.
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema acusó al exsenador Antonio José Correa por los delitos de concierto para delinquir agravado, concusión, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos relacionados en la construcción de cánchas sintéticas en municipios de Bolívar y Córdoba.
Los hechos por los cuales fue acusado tienen que ver con la suscripción de convenios interadministrativos de los municipios de El Peñón (Bolívar) y Santa Cruz de Lorica (Córdoba) con Coldeportes, los cuales tuvieron origen en los denominados cupos indicativos.
La Sala encontró que presuntamente conformó una red de corrupción para adjudicar esos contratos, haciendo exigencias de dinero a los contratistas, sumas que habrían sido entregadas al congresista Correa Jiménez. Dentro de la investigación se expone que el entonces senador habría exigido el 12 por ciento del valor de los contratos.
La acusación señala que presuntamente se habría concertado con funcionarios de su Unidad de Trabajo Legislativo, de Coldeportes, alcaldes, entre otros involucrados.
Se trata de Mariela Trujillo Buelvas, exintegrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del político cartagenero, condenada por su participación en estos hechos de corrupción. En julio de 2018, cuando la mano derecha del entonces senador fue capturada, no tardó mucho en aceptar cargos por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.
Luego de un año de negociaciones con la Fiscalía, el 6 de mayo pasado, el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez (nueve días antes de renunciar a su cargo), dio luz verde a un principio de oportunidad pactado con Trujillo Buelvas, en el que la mujer se comprometió a testificar contra el exsenador ante la Corte Suprema de Justicia.
El ente investigador le pidió en julio del año pasado a la Corte que investigara a Correa por “direccionar” cupos indicativos (asignación de recursos del erario a parlamentarios para obras públicas) en un contrato con la alcaldía de El Peñón (Bolívar) a cambio de un soborno.
Trujillo Buelvas entregó detalles sobre el cuestionado contrato, firmado en noviembre de 2017 por cerca de $3.500 millones entre el entonces alcalde de El Peñón, Arling Arias (quien ya aceptó cargos) y Coldeportes, para la construcción de una cancha sintética de fútbol 11.
Este municipio, ubicado en la ribera del río Magdalena, carece de vías de acceso terrestre —solo se puede llegar en ferry—, líneas de acueducto y centros médicos. En 2018, su presupuesto anual fue de $11.000 millones. Para la construcción de la cancha se destinó el equivalente al 31 % de esos recursos.
El exsenador habría recibido cerca de $420 millones, pues habría sido el encargado de que se asignara el cupo indicativo necesario para la financiación del proyecto. Trujillo Buelvas, de 53 años, le contó al ente investigador otro episodio similar al de la construcción de la cancha sintética en El Peñón y en el que también, aparentemente, se repartieron coimas, según la testigo.
En 2017, la alcaldía de Santa Cruz de Lorica y Coldeportes suscribieron un contrato por $1.566 millones por la construcción de tres canchas sintéticas. La extrabajadora de la UTL de Correa señaló que esta asignación del cupo indicativo “fue tramitado bajo el mismo modus operandi ilegal”.
