Judiciales (509)
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La sentencia se conocerá el 8 de agosto en un juzgado de Nueva York
El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó una condena de 45 años de cárcel para el extraditado exjefe del 'clan del golfo' Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, sentencia que se conocería el próximo 8 de agosto.
Esta solicitud se hizo por medio de un documento de once páginas. "Por las razones argumentadas a continuación, una sentencia de 45 años o 540 meses de encarcelamiento es suficiente, pero no más de lo necesario, para alcanzar los objetivos de la sentencia", señala el documento en las últimas horas pero fechado del 24 de julio pasado.
A lo largo de las once páginas se argumentan las razones de esta sentencia, que es la más extensa solicitada en la historia de Estados Unidos hacia un narcotraficante.
Noticia en desarrollo...
La Fiscalía General de la Nación imputó a Juhass Pineda Matallana y su hermana Jelissa Kerly Pineda Matallana implicadas en la fuga de la excongresista.
Ante el juez sexto de control de garantias de paloquema, el fiscal de la dirección especializada contra la corrupción imputó a Juhass Pineda Matallana y su hermana Jelissa Kerly Pineda Matallana por el delito de favorecimiento de fuga agravado en el caso Aida Merlano.
Los implicados aceptaron cargos, por lo que la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad y ahora el juez deberá emitir una decisión al respecto.
Juhass Pineda Matallana fue la persona que condujo la motocicleta en la cual se fugó Aida Merlano Rebolledo en octubre de 2019, hechos ocurridos durante una cita odontológica en el norte de Bogotá.
Y Jelissa Kerly Pineda aceptó esperar a la excongresista Merlano Rebolledo luego de que, descendiera por la soga desde el consultorio odontológico, la levantó del piso y la ayudó a subir a la motocicleta.
Fuente: W radio.
Según la investigación de la Fiscalía, estos militares habrían robado más de 200 millones de pesos. Peculado por apropiación, concierto para delinquir agravado, abuso de funciones públicas, entre otros, son algunos de los delitos que se les imputarán.
La Fiscalía investiga presuntas irregularidades cometidas en el Batallón de Infantería de Selva de Calamar – BICAM 24, con repercusión en el Distrito Militar número 2 y la Zona de Reclutamiento número 15 de Bogotá, en donde se encontraron posibles irregularidades del Ejército en el proceso de incorporación al servicio militar.
De acuerdo con la investigación, se vincularon a unas personas que se hicieron pasar como soldados regulares en el tercer y cuarto contingente de 2021, proceso en el que se investiga una nueva modalidad de corrupción, porque se hicieron exámenes médicos de incorporación y trámites administrativos para ingresar de manera irregular a personal inexistente a la unidad militar.
Lo más grave de las actuaciones de esta red delincuencial es que a esos “soldados de papel” se les asignaba material de intendencia, material de guerra, alimentación, pago de nómina, bonificaciones, kits de aseo entre otros, correspondientes a la prestación del servicio militar obligatorio, generando un posible peculado por apropiación de 200 millones de pesos.
De acuerdo con lo que pudo conocer Blu Radio, los jueces autorizaron 26 órdenes de captura, entre ellos un teniente coronel, quien está fuera del país por lo que se adelanta trámites con Interpol para su traslado a Colombia.
Los delitos que se les imputarán a los 24 militares, 11 de ellos en retiro, y dos civiles son peculado por apropiación, concierto para delinquir agravado, abuso de funciones públicas, constreñimiento para delinquir, falsedad en documento público, abuso de autoridad y fraude procesal.
Los dos civiles detenidos son un odontólogo y una sicóloga, que todavía tiene un contrato vigente con el Ejército Nacional.
Las capturas se realizaron en Caucasia, Montería, Cajicá, Bogotá, Armenia, Tolemaida, La Plata, Tierralta, Bucaramanga, Bello, Sandoná, Medellín, Chiquinquirá, Cimitarra y Villavicencio.
La captura de un civil al que la Justicia Penal Militar y Policial buscaba por supuestamente haber abandonado el servicio militar obligatorio develó una red de corrupción que involucra a más de 23 militares, entre ellos tenientes coroneles y que generó una pérdida millonaria de recursos públicos.
Blu Radio conoció los detalles de las investigaciones que permitieron las capturas de 15 militares activos, 8 retirados y dos civiles que habrían participado en un entramado desde el 2019 en el departamento del Guaviare.
Este proceso fue adelantado por la unidad Anticorrupción de la DIJIN de la Policía con apoyo directo de contrainteligencia del Ejército.
De acuerdo con el reporte la red, liderada por un teniente coronel que para 2021 era el comandante de batallón del servicio de militar de Infantería de Selva N° 24, ingresó a proceso de reincorporación al menos 50 nombres de personas que supuestamente prestarían el servicio militar pero nunca estuvieron en las instalaciones ni adelantaron los procesos.
Para esto, revela la investigación, se valían de un médico y una psicóloga que habían sido contratados por el Ejército: estas dos personas falsificaban las pruebas médicas y demás requisitos para hacer mucho más real el ingreso.
A partir de estos registros, los involucrados recibían las respectivas asignaciones por alimentación, uniformes, indumentaria y la respectiva mesada, así como partidas pedidas para armamento o entrenamiento. Si bien para cada soldado había un pago diferente, los investigadores estiman que la red de corrupción se habría apropiado de más de 600 millones de pesos.
Dichos recursos llegaban principalmente a las cuentas de las cabezas de la organización criminal y, las mesadas, eran desviadas a cuentas bancarias creadas también de manera irregular con firmas y huellas falsas.
Los miembros de la red de corrupción lograron los datos de los supuestos soldados de las mismas tareas previas de incorporación.
“Una de las formas para captar los datos eran las solicitudes de soldados en la calle verificando cédulas o iban casa por casa. Pero también identificar que familiares de los hoy capturados prestaban sus datos”, reseñó la investigación.
Los militares activos capturados corresponden a dos tenientes coroneles, dos mayores, dos subtenientes, dos sargentos viceprimeros, dos sargentos segundos y un cabo segundo activo.
Entre los retirados está un capitán, tres sargentos primeros, un cabo segundo, dos cabos terceros y dos soldados profesionales.
Hasta el momento avanzan las audiencias preliminares, pero la investigación continuará, pues se estima que habrían ocurrido más ingresos irregulares con otros pelotones en ese batallón. También se va a revisar la posible negligencia en los controles internos del mismo Ejército.
Fuente: Blu radio.
Los hechos se dieron en la zona rural de La Plata, Huila.
En zona rural del municipio de La Plata, en el departamento del Huila, se volvieron a registrar enfrentamientos entre el Ejército Nacional (entre soldados adscritos a la Novena Brigada) y disidencias de las Farc que delinquen en esa zona.
Los enfrentamientos duraron varias horas. En el hecho, reporta la Novena Brigada, una niña de cuatro años murió y además, la comunidad quedó en medio de estos combates.
Según el Ejército, los soldados fueron atacados por sujetos señalados de ser integrantes del grupo armado organizado residual Columna Móvil Dagoberto Ramos, quienes infringiendo las normas del derecho internacional humanitario y violando los derechos humanos abrieron fuego contra los militares, dejando en medio a la población civil.
Según información preliminar los integrantes de esta estructura armada estarían instrumentalizando a la población civil para que actúen en contra de las tropas, con la intención de retirarlas de esta importante región del país.
“El Ejército Nacional, en cumplimiento de la misión constitucional, fortalece las operaciones en defensa de la vida, la seguridad, con el único propósito de salvaguardar a la población del departamento del Huila”, dijo la institución.
Fuente: W radio
La droga estaba repartida en paquetes en los que se podía reconocer la figura del Joker con la cara del presidente colombiano, Gustavo Petro.
La Policía Nacional, en una operación conjunta con fuerzas de EEUU y Colombia, ha desarticulado una organización criminal dedicada a introducir cocaína en España a través de maletas ocultas en vuelos comerciales. Ha intervenido 60 kilos de cocaína y ha detenido a tres personas a las afueras de Guadalajara.
La droga estaba repartida en paquetes en los que se podía reconocer el logo de una marca conocida en el mundo del narcotráfico internacional. Se trata de una figura del Joker con la cara del presidente colombiano, Gustavo Petro, es decir, el logo de Los Petroski.
En una nota de prensa, la Policía explica que la organización —asentada en la provincia de Madrid— contaba con el potencial económico necesario y los contactos suficientes, en el país productor (Colombia), para realizar envíos de cocaína a España de manera periódica.
La operación parte de las pesquisas que se iniciaron a principios de 2023 cuando, gracias a la colaboración policial internacional (se ha efectuado junto al HSI estadounidense y la DIRAN de la Policía Nacional de Colombia), la Policía Nacional tuvo conocimiento de la existencia de una importante organización criminal —asentada en Madrid y controlada desde Colombia— presuntamente dedicada a la importación de grandes cantidades de cocaína.
Tras varias gestiones policiales, los agentes identificaron al líder de la organización, un ciudadano de origen colombiano que carecía de antecedentes policiales. El investigado, además, contaba con los contactos necesarios en los principales países productores de cocaína y la capacidad para coordinar este tipo de envíos.
Con el avance de las pesquisas, se detectó que el principal investigado se había desplazado a España para mantener diferentes encuentros y reuniones con otras personas vinculadas al mundo del narcotráfico. Todo ello con la única finalidad de materializar un envío de cocaína desde Colombia que se estaba gestando desde hacía varios meses.
La organización se encontraba perfectamente estructurada y jerarquizada. La droga era introducida en España a través de maletas en vuelos comerciales, eludiendo los controles rutinarios a los que son sometidos los equipajes tanto en origen como en destino.
Para ello, los miembros del entramado disponían de los contactos necesarios —en el seno de las organizaciones criminales productoras de cocaína— que les permitían introducir las maletas contaminadas en los aeropuertos latinoamericanos.
Asimismo, contaban con personas de confianza, encargadas de recibir la droga y de distribuirla por el territorio español. Por último, se valían de otras personas de apoyo que rescataban las maletas del aeropuerto y las transportaban a los lugares donde iba a ser distribuida, colaborando a cambio de una prestación económica.
El incesante flujo de reuniones que se estaban produciendo alertó a los agentes de que la operación de tráfico de drogas era inminente, motivo por el que realizaron un dispositivo policial que finalizó con la detención de tres personas y la incautación de 60 kilos de cocaína.
Fuente: El español.
Igualmente, se trata de establecer si en dicha zona hay cuerpos inhumados.
La Justicia Especial para la Paz (JEP) anunció que continúa con el trámite para verificar la existencia y la ubicación del predio conocido como 'Las Flores', en el Sampués, Sucre, en el que podría haber cuerpos de víctimas de desaparición forzada, en el marco del conflicto armado.
Para la JEP, con la información que fue entregada por las entidades competentes, no se ha podido determinar la existencia de dicho predio.
Igualmente, se trata de establecer si en dicha zona hay cuerpos inhumados y estas acciones tendrían que ver con el exgobernador de Sucre, Salvador Arana, quien actualmente está sometido a la JEP.
La Unidad de Investigación y Acusación deberá en un plazo menor a tres meses para consolidar la identificación del predio y realizar un estudio de caracterización y prospección.
Según la magistrada en movilidad de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas Especial Para la Paz, María Del Pilar Valencia García, se debe constatar si existe o no presencia de restos de desaparecidos en el marco del conflicto armado.
"Esta tarea se ordena con el fin de estudiar si hay cuerpos inhumados en riesgo, para eventualmente ordenar medidas cautelares", señala la JEP.
Para dicha justicia, la complejidad de las labores investigativas en este caso se requería una ampliación del plazo de tres meses, con el fin de dar cumplimiento a las órdenes impartidas.
Para el recaudo de la información necesaria, así como la contextualización de los hechos, la UIA podrá contactar a Juan David Díaz, víctima acreditada, de manera directa y a través de su representante judicial, con el objetivo de explorar su interés, voluntariedad y disposición para acompañar las actividades en que fuese pertinente su presencia.
Es de recordar que el exgobernador Arana ya había aceptado sus alianzas con el paramilitarismo y confesó recientemente que fue él quien dio la orden de asesinar a Eudaldo Díaz.
A Salvador Arana, la JEP le otorgó la libertad por haber estado colaborando con la verdad, sobre sus nexos de políticos colombianos con grupos paramilitares.
Fuente: Sistema Integrado de Información
En esa región se registran combates entre el Ejército y grupos armados ilegales.
El comandante de la Séptima División del Ejército, general Óscar Leonel Murillo, confirmó la muerte de tres soldados en el Norte de Antioquia, donde las autoridades han sostenido combates en los últimos días contra grupos armados ilegales.
El oficial manifestó sus condolencias a las familias de los soldados, Luis Alberto Cárdenas Guzmán y Yefferson Andrés García Marulanda, muertos en combates contra los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc, y del soldado Sergio David Guerra Colmenares, quien falleció ahogado en Briceño, zona donde el Ejército desarrolla operaciones contra integrantes del Clan del Golfo desde el miércoles 19 de julio.
“Tengo tres soldados muertos, dos asesinados en combate y uno que en esa operación que estamos adelantando en Briceño, infortunadamente estaba pasando una quebrada que se llama Espíritu Santo, en la noche, lo perdimos y duramos dos días buscándolo”, señaló el comandante de la Séptima División del Ejército.
El general Murillo señaló que durante el último mes, uniformados de la Séptima División del Ejército han participado en diferentes operaciones que han reportado la afectación de 27 integrantes de grupos armados ilegales entre muertos en combate, heridos y capturados.
Especificó que estos hechos han ocurrido en Lorica (Córdoba), Ituango y Briceño (Antioquia), y el Cantón de San Pablo (Chocó).
En zona rural de Briceño, parte de un corredor de movilidad empleado por grupos armados ilegales hasta territorio del municipio de Valdivia, uniformados de la Séptima División con apoyo de aviación del Ejército y de la Fuerza Aérea, combatieron el miércoles 19 de julio contra la subestructura Julio César Vargas, del Clan del Golfo.
En el sector del puente de El Beso, en Ituango, el lunes 17 de julio hubo combates contra integrantes de los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc, hechos en los que se reportó la recuperación de siete menores de edad reclutados por el grupo armado, la muerte de un guerrillero y la captura de alias Maycol o Primo Rogli, segundo cabecilla de esa estructura residual.
Fuente:Sistema Integrado de Información.
Casi una tonelada de marihuana fue incautada por la Policía y el Ejército cuando era trasladada en una camioneta por el municipio de Sonsón, en el Oriente de Antioquia.
En una vía terciaria del municipio de Sonsón, en Antioquia, las autoridades interceptaron una camioneta que iba repleta de marihuana, al parecer, procedente del Valle de Cauca y con destino al Valle de San Nicolás, en el Oriente de Antioquia.
El alcalde de esa localidad, Edwin Andrés Montes Henao, dijo que "fueron 950 kilos de marihuana. Lamentablemente quien venía conduciendo el vehículo logró huir".
El mayor Andrés León Sárez, comandante del Distrito de Policía Sonsón, recordó que la hierba era transportada por una vía terciaria, la que comunica a Aguadas, en Caldas, con Sonsón, donde la fuerza pública ha reforzado los operativos porque viene siendo utilizada como corredor de organizaciones criminales.
"Con este operativo logramos afectar las finanzas de las estructuras criminales que operan en el Oriente. Esta droga tenía un valor de aproximadamente 500 millones de pesos", indicó el oficial.
Las autoridades investigan a qué organización delincuencial pertenecería esta marihuana. En la zona operan bandas como los Pamplona y brazos de los Chatas y el Mesa, que son originarias del municipio de Bello, en el Valle de Aburrá. Además, también hay injerencia del ELN.
Fuente: Blu radio
Hasta el momento reportan dos policías y ocho civiles heridos tras el lanzamiento de una granada.
En la noche de este miércoles se registró un atentado con artefactos explosivos en el barrio Alto Jordán del municipio de Jamundí, Valle del Cuca, que dejó como saldo diez personas heridas, entre ellas dos policías. Según el reporte preliminar, desconocidos que se movilizaban en motocicleta lanzaron los explosivos.
De acuerdo con las autoridades, los heridos fueron trasladados hasta la clínica Valle de Lili, al sur de Cali, para las respectivas valoraciones médicas, sin embargo, hasta el momento, no se reportan víctimas fatales por este ataque.
Los hechos quedaron registrados en varios videos que se viralizaron en redes sociales, donde se evidencia cómo uniformados aseguran que el artefacto explosivo fue lanzado en el mismo sitio, donde, meses atrás, ocurrió otro atentado, al parecer, en contra de las fuerzas militares, que no dejó personas lesionadas.
Cabe resaltar que a través de su cuenta de Twitter el alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, había resaltado que en la noche del martes, hombres armados habían protagonizado una balacera en el corregimiento de Villapaz, zona rural de Jamundí, que obligó a la población a confinarse.
El mandatario aseguró que en dicho ataque una persona resultó herida, al parecer, a causa de un disparo con arma traumática.
“Tenemos reporte de que hombres armados, tuvieron un cruce de disparos en el corregimiento de Villapaz obligando a la comunidad resguardarse. Al momento hay una persona herida por arma traumática. Las autoridades ya están en el lugar investigando los hechos”, escribió el alcalde.
Entre tanto, el alcalde precisó que, en conjunto con las autoridades, se encuentran investigando los hechos, para dar con los responsables de dicho atentado.
“A la comunidad de Villapaz, un mensaje de tranquilidad, las autoridades estamos trabajando desde el mismo momento del reporte para encontrar los responsables y retornar la paz del territorio”, agregó el mandatario de Jamundí.
Fuente: Sistema Integrado de Información