Judiciales (509)
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La funcionaria es investigada porque en 2022 habría pedido dinero para direccionar una investigación.
El próximo jueves 12 de octubre se dará inicio a la audiencia de imputación de cargos en contra de la fiscal Angélica Monsalve, investigada por el delito de concusión.
RCN Radio conoció que la funcionaria judicial está citada para rendir interrogatorio ante un despacho fiscal este 29 de septiembre, tras los señalamientos en su contra de haber pedido dinero a través de un tercero para "direccionar el resultado de una investigación que estaba a cargo de su despacho".
La Fiscalía General de la Nación confirmó que imputará por el delito de concusión a la fiscal Angélica María Monsalve Gaviria por un hecho presuntamente ocurrido en 2022.
Al parecer, la fiscal habría pedido dinero a través de un tercero para "direccionar el resultado de una investigación que estaba a cargo de su despacho".
Por otra parte, Monsalve deberá responder en el interrogatorio por una indagación sobre presuntas presiones indebidas a indiciados con el fin de obtener falsas declaraciones en el caso de carrusel de vehículos blindados y solicitar $500 millones en el caso.
La fiscal Angélica Monsalve es recordada por diferentes situaciones, entre ellas, la más reciente disputa con la representante a la Cámara, Catherine Juvinao, a quién llamó mentirosa. Todo ello, porque Juvinao señaló que la fiscal había filtrado una grabación y público un video de ella.
La congresista Juvinao, aseguró eso era un ataque de las bodegas petristas para desprestigiarla, además de revelar que la fiscal Angélica Monsalve grabó esta conversación privada en su propia casa sin su consentimiento.
También, Monsalve en septiembre de 2022, denunció al fiscal Francisco Barbosa ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que en abril de 2023 decidió archivar la investigación contra Barbosa al considerar que no se habían encontrado actuaciones contrarias a la ley. A esto se suma que el Tribunal Superior de Bogotá, en junio de 2023, anuló la imputación de Monsalve contra el exconcejal Felipe Ríos Londoño.
Fuente: Sistema Integrado de Información.
El Departamento de Policía Urabá en coordinación con la Fiscalía general de la Nación, con el apoyo de la Brigada 17, en una operación planificada y desarrollada en el municipio de Turbo, logra la desarticulación del grupo de delincuencia común organizado “Los cocheros” quienes se dedicaban a la venta de estupefacientes en pequeñas cantidades en este municipio.
Mediante diligencia de registro y allanamiento realizada a 4 inmuebles ubicados en los barrios San Martin, Centro y la Lucila fueron capturadas 5 personas, dos mujeres y 3 hombres quienes mediante la fachada de mototaxistas distribuían a domicilio las sustancias ilícitas.
Con la captura de su cabecilla principal alias “Luis”, quien contaba con más de 3 años al frente del grupo delincuencial, cayeron sus principales colaboradores alias “niche”, “aminta” y “sisi”, logrando así la desarticulación de este grupo de delincuencia común que se encontraba al servicio de la estructura Juan de Dios Usuga de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia quienes tratan de mantener la hegemonía y el control del ilícito en este municipio.
Ese tribunal registra un total de 35.178 víctimas de esos crímenes cometidos entre 1957 y 2016.
Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrieron el macrocaso número 11 con el fin de priorizar las investigaciones por violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, cometidas en el marco del conflicto armado colombiano.
Se trata de graves hechos que habrían sido perpetrados por exguerrilleros de las antiguas Farc y miembros de la fuerza pública.
De acuerdo con los registro de la Sala de Reconocimiento de la JEP, se tiene un reporte de casos documentados que asciende a los 35.178, cometidos por parte de todos los actores armados entre los años de 1957 y 2016.
Noticia en desarrollo…
Fuente: Sistema Integrado de Información.
La Unidad Investigativa Contra la Delincuencia Organizada, con el apoyo de la Seccional de Inteligencia Policial Montería y el personal de la Reacción Bancaria y Halcones, logró la captura por orden judicial de 06 personas vinculadas a la subestructura Javier Yepes Cantero de las AGC, quienes tenían injerencia criminal en el área metropolitana de Montería.
Esta operación ha resultado en la desarticulación del Grupo Delincuencial Común Organizado conocido como "MAGALLANES," con influencia en la ciudad de Montería. Este grupo delictivo se dedicaba a la distribución, comercialización y expendio de sustancias estupefacientes, incluyendo marihuana tipo Cripy, clorhidrato de cocaína y sustancias psicotrópicas.
A través de la ejecución de 05 diligencias de allanamiento y registro, se llevaron a cabo las capturas por orden judicial y la incautación de elementos y sustancias estupefacientes. Los detenidos y sus funciones dentro de la organización son los siguientes:
Alias "LEDIS," quien cumplía la función de jefe de punto y presentaba orden de captura No. 250.
Alias "FRANKLIN O EL AMERICANO," encargado de almacenar sustancias ilícitas y con orden de captura No. 251.
Alias "ZAMIR," expendedor con orden de captura No. 249.
Alias "CRISTO DE PALO," también expendedor y con orden de captura No. 253.
Alias "EL NACIONAL," expendedor con orden de captura No. 247.
Alias "TITO O EL LOCO," otro expendedor con orden de captura No. 252.
Todas estas órdenes de captura fueron emitidas por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías, por el delito de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes.
Incautaron los siguientes elementos:
50 gramos de cocaína valuados en $378,000 pesos, destinados a la venta minorista.
$170,000 pesos en efectivo.
Esta estructura criminal, al servicio del Grupo Armado Organizado AGC, operaba en el barrio Nuevo Horizonte, popularmente conocido como Chechenia. Durante más de 02 años, han estado involucrados en actividades ilegales, lideradas por el jefe de punto de esta organización criminal, alias LEDIS, quien se encargaba de la distribución y comercialización de diversas sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
Esta actividad ilícita generaba una rentabilidad mensual de ochenta millones de pesos ($80,000,000). Las pruebas recolectadas durante la operación dejan en claro la participación de cada uno de los integrantes de esta organización criminal.
Los capturados y los elementos incautados han sido puestos a disposición de la Fiscalía para continuar con el proceso legal correspondiente.
Al parecer, uno de los integrantes de esta de tráfico de migrantes llevaba siete años delinquiendo.
En una operación adelantada por la DIJIN y la Fiscalía, lograron desarticular una red de tráfico de migrantes conformada por diez personas que operaban en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Montería y en los municipios de Santa Fe y Necoclí - Antioquia e Ipiales en el departamento de Nariño.
Su modus operandi era sacar ciudadanos extranjeros inadmitidos de las zonas restringidas a las zonas públicas del Aeropuerto Internacional El Dorado, en donde ocultaban y transportaban a los migrantes dentro de las canecas de basura por medio de un operario de aseo, facilitando así el ingreso al país.
Asimismo, esta red de tráfico de migrantes utilizaba vehículos particulares para transportar a los extranjeros hasta los lugares de destino, con el fin de evitar intermediarios.
"Durante la operación se llevaron a cabo varios allanamientos en los que fue posible incautar 19 pasaportes, 11 teléfonos celulares, mas de 71 millones de pesos en efectivo, 150 dólares canadienses, mas de 29 mil euros y en una residencia en la ciudad de Bogotá, que fue adaptada como hotel de paso se hallaron 8 migrantes cubanos, quienes fueron dejados a disposición de Migración Colombia", dijo el general Luis Ramírez, director de la DIJIN.
Dentro de las capturas se resalta la de Jan Pieter de Vrijer Molina, quien era el cabecilla del grupo delincuencial y coordinaba la logística, transporte, alojamiento, alimentación, gestión de visas y documentos de identificación. Al parecer, este sujeto cometía este delito desde hace 7 años.
Igualmente, esta red logró recibir dineros por mas de 380 millones de pesos, que eran enviados por migrantes a Colombia desde Viena - Austria, Múnich – Alemania, Sharjah en Emiratos Árabes, Nairobi en Kenia y desde Juba en Sudan del Sur.
"Simultáneamente, investigadores de la DIJIN lograron afectar las finanzas criminales de esta organización multicrimen, materializando las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 16 muebles inmuebles, avaluados comercialmente en más de dos mil cuatrocientos millones de pesos, entre estos, 10 vehículos, 3 hoteles, los cuales eran destinados para el alojamiento masivo de estas personas en calidad de migrantes, 2 establecimientos de comercio y 1 casa", finalizó Ramírez.
Fuente. Sistema Integrado Digital
Un sorprendente testimonio sacude el caso de la muerte del estilista de las reinas e indica que se estaría juzgando a la persona equivocada; pues señala a una tercera persona como el asesino de Mauricio y su mamá.
El caso Mauricio Leal , afamado estilista cuya muerte conmocionó a Colombia, tomó un sorprendente giro debido a un testimonio revelador presentado por la defensa de Yhonier Leal, quien es acusado por el doble homicidio de su hermano y su propia madre, Marleny Hernández.
Pues en la más reciente audiencia, el abogado defensor, Daniel Felipe Peña Buitrago, logró un giro inesperado en el caso al presentar a una testigo sorpresa, Francisca Teresa Muñoz. Esta mujer afirmó haber conocido a la familia Leal durante 25 años a través de su hijo, Ricardo Espinoza, quien era amigo de la infancia de Mauricio.
Francisca Teresa Muñoz alegó haber tenido acceso a los secretos más íntimos de la familia Leal debido a su cercanía con ellos. Uno de estos secretos, según la testigo, fue un presunto abuso sexual que habría sufrido Mauricio Leal cuando tenía tan solo 5 años.
Sin embargo, lo más impactante de su testimonio fue la acusación de que el verdadero culpable del doble homicidio podría ser Carlos Andrés García, medio hermano de Mauricio Leal e hijo biológico de Marleny Hernández. García se encuentra actualmente recluido en una cárcel de Jamundí, cumpliendo condena por un presunto abuso sexual a una menor de edad.
Según el relato de la testigo, Carlos García estaba enojado con Marleny y Mauricio porque se negaban a enviarle dinero y a contratar un abogado costoso para su caso. La testigo afirmó que García llamaba constantemente a su madre, Marleny Hernández, para exigirle recursos y que llegó al punto de amenazar con secuestrar a Mauricio si no recibía lo que pedía.
En un giro aún más impactante, la testigo afirmó que Carlos García la contactó directamente a ella para expresar su intención de matar a su hermano y a su madre. Esta revelación dejó a todos los presentes en la audiencia sorprendidos.
"Andrés me llamó y me dijo que 'valía la pena matarlos'" , relató la testigo en su versión juramentada.
El testimonio de la mujer también incluyó detalles sobre un presunto atentado que sufrió junto a su hijo después de hablar con los medios de comunicación sobre el caso. Según la testigo, unos días después del crimen habló con un medio de comunicación sobre las amenazas de Carlos Andrés y luego de eso una persona encapuchada los amenazó y los subió a un automóvil, advirtiéndoles que serían asesinados si continuaban hablando. Ante esta situación, la testigo solicitó protección a la Fiscalía.
Este testimonio representa un desafío para la versión de la Fiscalía, que había acumulado pruebas, incluidas grabaciones de cámaras de seguridad de la casa de Mauricio Leal y manchas de sangre, que parecían señalar a Yhonier Leal como el único responsable del crimen.
El caso de Mauricio Leal toma ahora un giro inesperado y plantea nuevas preguntas sobre quién podría ser el verdadero autor de este trágico doble homicidio. La defensa de Yhonier Leal continuará presentando sus pruebas a favor del acusado mientras la investigación sigue desarrollándose.
Según las autoridades, el hombre habría cometido el matricidio bajo la influencia de las drogas.
En un atroz crimen ocurrido en Bucaramanga, un hombre de 28 años identificado como Pablo Julián Lozano Pinto ha sido detenido después de apuñalar brutalmente a su propia madre, Lucía Juliana Pinto, de 47 años.
Los hechos tuvieron lugar el jueves 21 de septiembre, alrededor de las 10:10 de la mañana, cuando los vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar gritos provenientes de la residencia.
“Los gritos fueron muy fuertes, se escuchaba a la señora gritar. Se llamó al CAI de La Concordia, que está a una cuadra. Llegaron a mirar y cuando tocaron el tipo de una vez les dijo que había matado a la mamá. Lo apartaron y efectivamente encontraron a la mujer muerta”, según contó un testigo a Vanguardia.
La víctima, Lucía Juliana Pinto, sufrió el ataque en manos de su propio hijo, donde se estima que recibió al menos 32 puñaladas. La escena del crimen dejó una prueba de la brutalidad del ataque. Las autoridades encontraron el cuchillo con el que habría asesinado a su madre en el comedor de la casa, sirviendo como evidencia para la investigación.
Las autoridades señalaron que el crimen pudo desencadenarse por el efecto de sustancias psicoactivas. “Con más de 30 heridas, este hombre asesinó a su madre, producto de la irracionalidad y probablemente por el consumo de sustancias. Por el llamado de la comunidad, la patrulla llegó al lugar y el mismo homicida abrió la puerta, quien de manera descarada manifestó que había matado a la mamá”, explicó el brigadier general José James Roa, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
Se conoció que Pablo Julián estaba en tratamiento de rehabilitación en otra ciudad, sin embargo, regresó a Bucaramanga a petición de su madre.
“El llamado a la ciudadanía es a ser tolerantes y a que se evite el consumo de sustancias que están acabando a la sociedad. Vemos jóvenes que producto del consumo se reporte el matricidio de esta mujer de 47 años por parte de su hijo, quien la agredió de manera brutal”, expresó el comandante.
La respuesta de la policía permitió la captura del presunto asesino, Pablo Julián Lozano, quien ahora enfrentará cargos por el matricidio.
El exparamilitar entregó la ubicación de seis sitios en los que habría al menos 257 cadáveres desaparecidos. La Unidad de Búsqueda intervendrá nuevamente en unos días un predio en Juan Frío donde hallaron restos óseos.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó sus primeras decisiones al revelar que el excomandante de las Autodefensas, Salvatore Mancuso, entregó a esa justicia transicional un primer paquete de seis sitios de interés forense donde habría 257 cuerpos de víctimas de desaparición forzada en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, en la frontera con Venezuela.
Las locaciones fueron referenciadas como bases y comprenden predios de extensión de más de 5 hectáreas, entre ellos una finca llamada Las Palmas, “la cual fue referenciada por una de las solicitantes, se llevaron a cabo desapariciones forzadas bajo el modus operandi de inhumación a cielo abierto”, señala el documento.
Frente a esto, la jurisdicción determinó ordenar a la Fiscalía General de la Nación que informe las diligencias de prospección y exhumación que haya adelantado en zona rural de Tibú y sus coordenadas, para hacer labores de contrastación.
A la Unidad de Búsqueda, la Sección pidió allegar el inventario de lugares intervenidos en el corregimiento de La Gabarra y explicar si dentro de su Plan Regional de Búsqueda en el Catatumbo se encuentran los lugares entregados por Mancuso Gómez.
La JEP ordena mesa técnica para avanzar en la cooperación con Venezuela frente a la búsqueda de desaparecidos
Además de las órdenes relacionadas con la información que entregó Mancuso, la Sección ordenó la creación de una mesa técnica para que se establezcan “las rutas de articulación consular y diplomática en el marco del derecho de internacional público” de cara al proceso de colaboración bilateral con Venezuela.
Dicha mesa estará conformada por el Ministerio de Justicia, la Cancillería, la Unidad de Búsqueda y la misma JEP. Asimismo, se expidió una carta rogatoria dirigida a las autoridades venezolanas en la que se solicitó la cooperación binacional y se ordenó al MinJusticia que “inicie la ruta” como autoridad judicial solicitante.
Dicha información cobra más importancia ante una importante revelación realizada por la Unidad de Búsqueda ante la JEP, y es la confirmación de la presencia de dos víctimas de la masacre paramilitar de La Gabarra (1999) en suelo venezolano, citando un informe de la organización Equitas y la Fundación Progresar.
De acuerdo con lo informado por la Unidad a la Sección, ante el lanzamiento al río Catatumbo de los cuerpos de Aura Esmit Angarita Max y su hija menor de edad Yesica Katerine Nuñez Angarita estos flotaron hasta suelo venezolano y se encuentran enterrados en el cementerio José Gregorio Hernández ubicado en San Carlos, estado Zulia, al ser recolectados por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
La Unidad de Búsqueda adicionalmente informó que adelantará una nueva intervención forense a la zona de Juan Frío (visitada en el pasado mes de mayo) desde el próximo 26 de septiembre.
W Radio además pudo establecer que la dirección de dicha entidad continúa avanzando en las reuniones con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso relacionadas con la colaboración en la entrega de información, proceso en el que también está participando el excomandante de las AUC, Jorge Iván Laverde ‘El Iguano’.
Fuente: W radio.
Las partes del cuerpo encontradas son de una mujer. El tronco de la víctima tenía unos tatuajes que son claves para establecer su identidad.
El día de ayer reportaron un atroz hallazgo en el río Medellín. Las autoridades encontraron un tronco y cabeza de una mujer.
En las horas de la mañana del pasado sábado 16 de septiembre fue hallado el tronco a la altura de Puente de Guayaquil, mientras que la cabeza fue encontrada el domingo 18, flotando en el río cerca al barrio La Francia.
“La comunidad informa que observa la parte del cuerpo, más exactamente el dorso sobre el río, se realizan las actividades con Policía Judicial y con el CTI para hacer la inspección técnica a este cuerpo humano”.
Fue la comunidad del barrio que alertó a las autoridades de la extremidad hallada. al lugar llegó el cuerpo de Bomberos de la ciudad de Medellín, quienes hicieron la recuperación de las extremidades.
Hasta el momento la mujer no ha sido identificada y el caso se ha definido como un homicidio.
La Fiscalía y los agentes del CTI, realizaron la inspección correspondiente de las partes del cuerpo encontradas.
Una característica clave para identificar el cuerpo de la mujer, es que la víctima tenía una mariposa tatuada en la espalda y unas rosas con estrellas en el pecho.
Las dos partes del cuerpo encontradas fueron llevadas en Medicina Legal para poder realizar el estudio forense y poder establecer la identidad de la mujer.
Según datos del sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) y la Policía de Medellín, este caso se suma a la lista de 21 mujeres asesinadas en lo que va del año en Medellín y el Valle de Aburrá.
Fuente: Sistema Integrado Digital.
El procesado habría sido uno de los responsables de disparar contra un grupo de personas en un establecimiento comercial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Rafael Palacios Wado, alias Fantasma, presunto responsable del homicidio de tres personas en Quibdó (Chocó).
La investigación, adelantada por una fiscal del Grupo de Homicidios Colectivos de la Delegada para la Seguridad Territorial, evidenció que el pasado 1 de julio Palacios Wado, junto a dos hombres más, al parecer, llegó a un establecimiento comercial en la capital chocoana, donde habría disparado de manera indiscriminada contra un grupo de personas que departía en el lugar.
Durante el ataque tres hombres perdieron la vida y una mujer resultó herida. La Fiscalía constató que a esta última persona le habrían hurtado su celular.
Información en poder de la Fiscalía evidencia que ‘Fantasma’ habría integrado una subestructura del Clan del Golfo, y en la actualidad haría parte de un grupo de delincuencia común organizada conocido como Los del Reposo.
La Fiscalía imputó al procesado como posible responsable de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; y hurto agravado y calificado.