Judiciales (509)
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El policía le daba información al Clan del Golfo sobre la presencia de la Fuerza Pública y los resultados de sus operaciones.
La Procuraduría General de la Nación profirió cargos a William Moreno Terán, quien mientras se desempeñó como patrullero en la Estación de Policía de Chigorodó, Antioquia, entre octubre de 2019 y agosto de 2021, al parecer, acordó con el Grupo Armando Organizado (GAO) del Clan del Golfo, Subestructura “Carlos Vásquez”, proporcionarles información sobre la presencia de la Fuerza Pública en la zona y los resultados de actos delictivos perpetrados por dicho grupo ilegal a cambio de remuneración económica.
Con fundamento en las pruebas recaudadas, el ente de control concluyó que mientras Moreno Terán desempeñaba funciones como miembro de la Policía Nacional en dicho municipio antioqueño, localizado en la subregión de Urabá, presuntamente incurrió en una falta gravísima a título de dolo al colaborar con dicho grupo ilegal.
De acuerdo con la Procuraduría el uniformado les daba información para que pudieran accionar su actuar delictivo sin que fueran perseguidos o capturados por la Fuerza Pública.
Esta decisión es adoptada en el marco de las investigaciones que adelanta la Procuraduría General de la Nación a raíz del testimonio rendido ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por parte de Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, exjefe del Clan del Golfo, quien manifestó el presunto apoyo y colaboración de servidores públicos, en especial, de la Fuerza Pública, con dicho grupo armando organizado.
Alias Otoniel no podrá ingresar a la JEP
Recientemente los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinaron en última instancia que el extraditado narcotraficante y ex jefe de la banda criminal del Clan del Golfo Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, no podrá acceder a los beneficios de ese tribunal.
La decisión fue adoptada por parte de la Sección de Apelación de la JEP que revisó un recurso instaurado, por parte de la defensa del capo del narcotráfico, con el cual buscaba tener un cupo en esa jurisdicción.
En la resolución se concluye que alias Otoniel no puede ser admitido como un tercero civil responsable de hechos cometidos en el marco del conflicto armado colombiano.
"Quedó evidenciado que, a lo largo de su trayectoria, este militó en diversos grupos paramilitares respecto de los cuáles la JEP, en general, carece abiertamente de competencia personal", indica la resolución de la JEP.
Fuente: Sistema Integrado Digital
Uribe negó haber recibido apoyo de paramilitares y desmintió haber ordenado el retiro de escoltas para el alcalde de El Roble.
El expresidente Álvaro Uribe desmintió las declaraciones que ha venido entregando el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
En su comparecencia ante la JEP, Mancuso señaló a Uribe de haber recibido apoyo de las autodefensas durante su campaña y lo acusó de haber ordenado el retiro del esquema de seguridad del alcalde de El Roble, que posteriormente fue asesinado.
El líder del Centro Democrático aseguró que presentará acciones legales contra Mancuso y lo denunciará ante la justicia colombiana y la justicia de Estados Unidos.
“Procederé a denunciar al señor Mancuso ante la justicia colombiana y ante la justicia de los Estados Unidos donde vive. Tendrá que probar que le quité los escoltas al alcalde del Roble”, señaló.
Y dijo: “El señor Mancuso lleva todos estos años con amagos maliciosos de denuncias que apenas insinuaba con la excusa de amenazas a su familia que nada tiene que sentir de mi Gobierno y menos de mi persona. En mi persona no cabe el cálculo, enfrentaré al señor Mancuso en todos los escenarios legales”.
Uribe negó haber recibido recursos de parte de Salvatore Mancuso durante su campaña presidencial y que el manejo de los dineros fue totalmente transparente.
“Hace años el señor Mancuso expresó que había ayudado con recursos a mi campaña. Se le contestó en la época. Esa campaña fue manejada con la disciplina y la transparencia de Fabio Echeverri. Nadie tenía autorización de pedir ni de recibir esos recursos. Si el hecho se dio se los robaron”, sostuvo.
Sobre la protección que tenía el alcalde de El Roble, Uribe afirmó que como presidente de la República siempre buscó garantizar la seguridad de las personas amenazadas.
“El señor Mancuso, 20 años después del asesinato, y 15 años después de haber sido extraditado me acusa de haberle quitado la protección al alcalde del Roble, que ellos asesinaron. Yo pedía protecciones, nadie que me conozca puede decir que habría ordenado quitarle protección a un alcalde amenazado”, sostuvo.
“De acuerdo con la averiguación del General Teodoro Campo el Alcalde contaba con dos escoltas adicionales contratados por el municipio; no aceptaba que la Policía o la Armada le aumentaran escoltas; y, con frecuencia se evadía de ellos como lo hizo para acudir a la cita que lo condujo al secuestro y asesinato”, afirmó.
El exmandatario recordó que durante su gobierno trabajó para sacar a los paramilitares de Sucre, de los Montes de María y de la zona costera y advirtió que los entonces ministros Fernando Londoño y Martha Lucía Ramírez siempre compartieron su afán de proteger a todos los ciudadanos.
Fuente: Sistema Integrado de Información.
Se trata del soldado regular Jonathan Alejandro Velásquez, quien, asegurado en prisión por un juez de control de garantías, luego de su captura en Carepa, Antioquia.
Enviaron a la cárcel a un soldado que se habría robado un fusil y municiones de un batallón del Ejército en el Urabá antioqueño para integrar las filas del Clan del Golfo.
Se trata del soldado regular Jonathan Alejandro Velásquez, quien fue asegurado en prisión por un juez de control de garantías luego de su captura en Carepa, Antioquia.
Según la investigación de la Fiscalía, el militar de 20 años se habría fugado y robado el fusil de dotación, cinco proveedores y 580 cartuchos para el armamento, así como material de intendencia del batallón de la Brigada 17 del Ejército cuando patrullaba en la vereda La Esmeralda de ese municipio del Urabá antioqueño el 12 de abril pasado.
La información recolectada por la Policía y la inteligencia militar es que el joven soldado planeaba negociar el armamento con el Clan del Golfo e integrar sus filas, sin embargo, el fusil fue recuperado en una operación en la zona boscosa de esa vereda donde lo dejó abandonado luego de la persecución.
El militar no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía ante el juez por el delito de porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares, pero enfrentará su juicio desde la cárcel.
Fuente: Blu radio.
El portador del dinero no presentó soportes sobre el origen y la destinación del dinero, el cual llevaba oculto en un vehículo particular.
Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad a Rodrigo Gualdrón Bolívar, quien fue capturado en situación de flagrancia mientras transportaba 725 millones de pesos.
El procesado fue interceptado por unidades de la Policía Nacional en el kilómetro 42 de la vía Cimitarra - Puerto Araújo, en Santander. Durante la inspección al vehículo en el que se movilizaba fueron encontrados ocultos varios fajos de billetes, sobre los cuales no había documento que soportara el origen y la destinación.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializado contra el Lavado de Activos imputó a Gualdrón Bolívar el delito de lavado de activos. Esta persona no aceptó los cargos.
En una carta pública dirigida a los magistrados, la familia del exalcalde Eudaldo Díaz le solicitó al exjefe paramilitar referirse a las circunstancias que conoció del crimen y a todos los responsables.
La familia del exalcalde de El Roble (Sucre), Eudaldo Díaz, por medio de una carta pública le pidió al exjefe paramilitar aclarar las circunstancias que haya conocido sobre el asesinato del exmandatario, y también si tuvo algún conocimiento de cómo Salvador Arana terminó de embajador en Chile luego de ordenar el homicidio de Díaz.
“En un Consejo de Seguridad realizado en Corozal (Sucre) antes del consejo comunal que el país conoce, le manifestó (al expresidente Uribe) delante de Salvador Arana los nexos de este con el paramilitarismo y aún así, el expresidente luego del crimen, lo nombró embajador en Chile” dijo la familia.
De hecho, la familia recordó que en su condición de máximo jefe del Bloque Norte de las Autodefensas era muy difícil que otros mandos inferiores como Edwar Cobos ‘Diego Vecino’ o Rodrigo Mercado ‘Cadena’ no le informaran las circunstancias y todos los responsables que rodearon el crimen.
“...aseguramos que lo debe tener, porque nuestro familiar para el momento de su asesinato era alcalde de una zona de rehabilitación y consolidación decretadas por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez”, enfatizaron.
Finalmente, expresaron su deseo de obtener una verdad completa tras 20 años del homicidio, y para lo cual, cuentan con la verdad que pueda aportar Salvatore Mancuso.
Fuente: W radio.
El exmagistrado Jorge Pretelt fue trasladado a la cárcel Las Mercedes en la ciudad de Montería luego de superar una crisis de hipertensión. Cabe recordar que Pretelt había sido capturado el pasado 5 de mayo y desde entonces ha experimentado problemas de salud.
Jorge Pretelt se vio involucrado en el caso de corrupción de Fidupetrol, donde se le acusa de presuntamente haber actuado para favorecer a la empresa en un fallo de tutela. Gracias a su actuación, la compañía logró evadir el pago de una suma superior a los 22 mil millones de pesos en intereses al Estado.
La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra Jorge Pretelt, imponiéndole una pena de 6 años y 5 meses de prisión, además de una multa equivalente a 56,25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El traslado de Pretelt a la cárcel Las Mercedes se llevó a cabo luego de que se estabilizara su condición de salud. Las autoridades penitenciarias y médicas consideraron que era seguro proceder con su traslado a dicha institución carcelaria.
El exmagistrado deberá cumplir su condena en la cárcel Las Mercedes, donde permanecerá bajo custodia y a disposición de las autoridades judiciales pertinentes.
El caso de corrupción en el que se vio involucrado Jorge Pretelt ha generado gran atención en el país, pues pone en evidencia la importancia de combatir este tipo de delitos y garantizar la transparencia en el sistema judicial.
En el curso de la investigación se acreditaron 12 eventos delictivos ocurridos en 2020.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos, logró la judicialización de Andrés Felipe Cardoso Álvarez, alias Orgón, señalado ciberdelincuente que habría accedido y afectado los sitios web de varias entidades públicas y privadas.
Esta persona pertenecería al grupo autodenominado ‘Anonymous Colombia’. El material de prueba da cuenta de que, al parecer, ingresaba a las páginas de Internet de diversas instituciones y modificaba el aspecto visual como parte de un plan delictivo de sabotaje y desprestigio.
En la investigación se identificaron 12 eventos distintos sucedidos en 2020, en los que alias Orgón presuntamente afectó alcaldías, personerías municipales, institutos de tránsito, centros de diagnóstico automotriz y una Corporación Autónoma Regional en Tolima, Huila y Norte de Santander.
Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de acceso abusivo a un sistema informático, daño informático y obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación. El procesado no aceptó los cargos y recibió media de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
En video que circulan en redes sociales, se puede observar el fuerte enfrentamiento entre los retenidos y los uniformados de la Policía.
Durante la tarde de este viernes, 12 de mayo, se presentó un motín de presos en la estación de Policía conocida como el “Cuartelillo de Olaya”, ubicado en el barrio Olaya Herrera, en el oriente de la ciudad. Por varios minutos el pánico se apoderó de los residentes del sector debido a los desórdenes presentados en el centro de detención.
En videos que circulan en redes sociales, se puede observar el fuerte enfrentamiento entre los retenidos, los cuales eran alrededor de 37 personas, y los uniformados. Al igual que se pueden escuchar las detonaciones realizadas por las autoridades que intentaban controlar la situación.
Por su parte, la secretaría del Interior del Distrito, Ana María González Forero, informó que “si bien se presentaron unos disturbios al interior de la celda número uno, esta situación fue controlada rápidamente por la Policía Nacional y tuvo el acompañamiento del equipo de Derechos Humanos y de Asuntos Penitenciarios de la Secretaría del Interior”.
De acuerdo con la información entregada por la funcionaria, los hechos no dejaron heridos, ni en los retenidos, ni los uniformados y que en las próximas horas iban a ser trasladados del Centro de Detención.
“Durante el hecho no se presentaron heridos y todos los detenidos serán trasladados al anexo de Bellavista, donde, además, habrá una movilización de los detenidos hacia el INPEC”, explicó la secretaria.
Cabe resaltar que, esta situación se suma a las más recientes quejas realizadas por algunos detenidos, quienes informaban sobre los hacinamientos en los Centros de Detención Transitorios, donde en una celda con capacidad de 10 personas se alojan cerca de 40 detenidos.
Debido a esta situación, la personera distrital Carmen de Caro Meza, realizó una visita a estos centros de detención el pasado martes, 9 de mayo, y anunció que se abrirán investigaciones en contra de los funcionarios públicos responsables.
Fuente: Sistema Integrado de Información.
